El presidente del Consejo de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la provincia de Napo, José Moreno, a la resolución del Ministerio de Ambiente y Energía, que desde este lunes 2 de febrero, prohibió de forma indefinida la actividad minera en esa provincia.
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Según informes de esa organización ambientalista, la minería ilegal ha contaminado al menos 20 ríos en Napo, especialmente en los cantones Tena y Julio Arosemena Tola, donde la fiebre del oro mueve millones de dólares diarios, según testimonios de personas que trabajan en actividades extractivas y que fueron recogidos por el colectivo.
Sin embargo, esta organización expresa su inquietud sobre la estrategia que empleará el Gobierno ante los efectos que podrían darse en la seguridad de las poblaciones afectadas.
Sobre la suspensión de las actividades mineras en Napo, la Cámara de Minería del Ecuador dijo que no cuenta con empresas afiliadas en esa provincia y respaldó la decisión del Gobierno para frenar la extracción ilícita de minerales.
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, dice que hay un prejuicio a nivel económico, hay un perjuicio aún mayor que no se llega a dimensionar, que es toda la contaminación y los pasivos ambientales que están generando estas actividades.
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