El Universo .- Hasta el 18 de julio tendrían como plazo la Fiscalía y Contraloría para que informen sobre las ‘medidas y sanciones’ por el manejo de ese expediente forense.
La reconstrucción de este tercer producto la ordenó la Corte Constitucional (CC) en febrero pasado, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que la presentó la Defensoría del Pueblo y la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, en el 2018, tras no tener acceso a ese documento mediante una acción de acceso a la información pública.
La consecuencia de este suceso surge en el 2012, cuando el expresidente de la República Rafael Correa constituyó un Comité Interinstitucional que integró a varios ministerios de Estado para que investiguen el asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010.
Ello, a propósito de que en el 2008, Jorge Gabela, excomandante de la FAE, denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para uso de la institución castrense. De esas siete aeronaves, cuatro se accidentaron y las tres que quedaron no están operativas.
Ese comité lo lideró el extinto Ministerio de Justicia que contrató, bajo la figura de consultoría, los servicios del perito Roberto Meza para que investigue el hecho. La adjudicación ascendió a $ 78.000.
En el 2015, la exministra de Justicia Lady Zúñiga divulgó los resultados de la investigación, señaló que el asesinato se habría relacionado con un delito común y descartó el crimen organizado en el marco de las denuncias del general Gabela.
La contratación contemplaba un primer producto, que era un cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer si fue un delito común o la posible relación con el crimen organizado. Y un tercer informe avanzaría únicamente si, en el segundo producto, se concluía que la muerte no fue por delito común.
Este último tercer producto debía señalar los presuntos autores intelectuales, el móvil del crimen y si fue consecuencia de las denuncias de Jorge Gabela sobre la compra de los helicópteros Dhruv.
Su viuda, Patricia Ochoa, denunció que no tuvo acceso al informe íntegro, pues los documentos que le entregó el Ministerio de Justicia no estaban completos, que no tenían firmas de autenticidad o sumillas y que tenían inconsistencias.
En el fallo de la Corte se recoge, por ejemplo, que hubo un primer producto, que tenía seis hojas sumilladas y la firma del perito; el segundo producto, que constaba de 43 fojas sumilladas y con la firma del perito y en este constaba: “Basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo seria (sic) consecuencia de la delincuencia organizada. Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”.
Así se confirmó que hubo un tercer producto que, según conocieron los jueces, “consta de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto -en la que se encuentran las conclusiones- no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello”.
Los jueces notaron inconsistencias como que, pese a que el segundo producto concluyó que el crimen se trató de “delincuencia organizada” y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común” (sic).
Esta hipótesis llevó a la Corte a determinar que “las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública” y dispuso que ese tercer producto vuelva a hacerse.
La noche del 11 de julio de 2023, los miembros de la comisión, el académico Arturo Moscoso, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, entregaron a Ochoa el informe que elaboró Meza y que develó la presunta participación de dos generales en servicio pasivo de la FAE en el crimen de Gabela.
Ochoa tiene un término de 20 días para hacer observaciones a este informe no judicial y Meza tendría otros 30 días para responderlas.
Pero aún queda pendiente la investigación de cuál fue el manejo de los documentos de este tercer informe. El presidente de la Comisión de Coordinación, Arturo Moscoso, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar lo que sería la desaparición de ese documento que se elaboró hace diez años.
“Deben responder por la desaparición de ese informe, por la que los ecuatorianos pagamos dinero y eso sí constituye peculado. Deben investigarse las responsabilidades por esta desaparición y la Fiscalía tiene una orden directa de la Corte que cumplir”, comentó Moscoso.
Por su parte, la comisionada Jeannine Cruz relató que en las gestiones para recuperar documentación que le permita al perito reconstruir este tercer informe vieron con sorpresa que los papeles provenían de los archivos de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que les entregaron tres versiones del tercer producto.
“Cómo es posible que encontremos tres versiones del tercer producto. Una de ellas era una copia del primer y segundo producto; uno tenía más de 140 hojas. El segundo tenía 54 hojas y el tercero 92. Los tres productos cambiaban las conclusiones. En una primera versión, se mencionó que era delincuencia común; la segunda, sí determinaba que había responsabilidad del Estado; y, la tercera no concluía nada. Ahí se pudo identificar que hubo manipulación de documentos. La pregunta es: ¿a quién interesaba que este documento no se conozca? Ahora deberá pasar a los órganos de control para que se determinen responsabilidades”, manifestó Cruz, en una entrevista en radio Sonorama este 12 de julio.
En respuesta a este informe forense, la exministra de Justicia Lady Zúñiga tildó como un “burdo show mediático” lo expuesto por Roberto Meza, cuyo fin sería afectar a los candidatos del movimiento Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del próximo 20 de agosto.
También, en una entrevista en radio Sonorama, Zúñiga no mencionó la existencia de un tercer producto, sino de un informe y recordó que ella llegó al ex Ministerio de Justicia en el 2014 y que hizo público lo que encontró en los archivos.
“Cuando yo llego, yo hago público lo que encontré en los archivos… Había un documento de informe del entonces consultor Meza que era uno de los insumos, porque no era el único. Había otros peritajes informáticos de la computadora… Había varios insumos y todos estos tenían que dar pie para que los ministros elaboren el informe. Eso era lo que disponía el decreto de creación del comité: que los ministros elaboremos el informe y lo mandamos a la Fiscalía pidiendo que se reabra el caso, justamente considerando algunas especificaciones que nombraba el informe… Todo esto provocó que mandemos el informe de los ministros a la Fiscalía. Si hubiéramos querido ocultar algo, no habríamos mandado a la Fiscalía”, indicó.
Aseguró que ella no contrató, no pagó y no recibió “nada” del perito Meza “ni por mail, teléfono o en persona me ha dado nombres de autores intelectuales”, afirmó.
Los nueve jueces de la Corte Constitucional determinaron que se vulneró el derecho a la verdad de Patricia Ochoa y en su fallo, divulgado el 17 de febrero, señalaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina sanciones civiles, administrativas o penales para los funcionarios públicos que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública.
En esa línea, ordenó a la Fiscalía y a la Contraloría General que “emprendan las acciones pertinentes en contra de los servidores públicos que en su momento estaban obligados al manejo, elaboración y recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios públicos responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”.
Para informar cuáles son esas acciones, entre medidas y sanciones, la Fiscalía y la Contraloría tienen como plazo hasta el 18 de julio de 2023.
La Contraloría notificó a la Corte en mayo pasado que, en el contexto de exámenes especiales al contrato que se suscribió con el perito Meza, hubo siete servidores sancionados.
