“Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma…” César Vallejo, poeta peruano.
El 8 de diciembre de 2024 sería el día en que cambió por completo la vida de 3 familias y que conmovió e indignó a una población. Y ese dolor tuvo eco a nivel internacional.
La desaparición de 4 niños: los 4 de Las Malvinas
Ellos eran, de izquierda a derecha: los hermanos Josué e Ismael Arroyo de 14 y 15 años, junto a sus amigos Steven Medina de 11 años y Nehemías Arboleda de 15.
Tras un agotador y doloroso proceso de buscar la justicia, finalmente, doce meses después de audiencias, peritajes y un recorrido institucional marcado por contradicciones, encubrimientos y una violencia militar sin razón, un Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia, un lunes 22 de diciembre de 2025, hallando culpables a los 16 militares por el delito de desaparición forzada de los cuatro menores. Revisamos el inicio de la pesadilla.
CRONOLOGÍA
8 de diciembre de 2024 : Despojados de dignidad y también de la vida
Josué, Ismael, Nehemías y Steven, desaparecieron tras salir a jugar fútbol cerca del Mall del Sur, en Guayaquil. Testigos informaron que los menores fueron interceptados por dos camionetas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Avenida 25 de Julio. La patrulla, integrada por 16 uniformados, actuó bajo una supuesta alerta ciudadana por robo. Según el relato fiscal y los peritajes expuestos en la audiencia, los militares dispararon al aire, subieron a los menores a los vehículos y se alejaron, en un trayecto cuya ruta quedó registrada en la geolocalización de los teléfonos incautados.
Familiares de los chicos contaron que uno de los niños logró realizar una llamada indicando que habían sido llevados y abandonados en Taura. Posteriormente, un hombre afirmó tenerlos bajo custodia, pero cuando la Policía llegó al lugar, no encontró rastros de los menores.
11 de diciembre: Tres días después de la desaparición, la unidad policial especializada halló prendas de vestir en un sector rural de la parroquia Taura. El caso escaló rápidamente en la esfera pública y llegó a instancias internacionales.
19 de diciembre: Activación del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), ONG que sería fundamental para el recorrido judicial que deberían hacer los padres con el fin de dar con el paradero de sus hijos y exigir justicia.
21 de diciembre: El Gobierno niega responsabilidad. Descarta cualquier participación de fuerzas estatales en la desaparición, y eso que generó dudas. En un momento dado, el ministro de Gobierno, Gian Carlo Loffredo, atribuyó la desaparición a grupos delincuenciales. Que los militares, nada tenían que ver.
23 de diciembre: Se activa la ciudadanía. Plantones en las ciudades principales, Guayaquil, Quito y Cuenca para exigir justicia y mayor transparencia. Paralelamente, la investigación retornó a Guayaquil, según el CDH y familiares.
Este día, el presidente Daniel Noboa propuso declarar héroes nacionales a los menores, en Radio Democracia. Aseguró que pidió personalmente a la fiscal Diana Salazar que se investigue el caso.
En otro espacio comunicacional, el ministro Loffredo confirmó que la detención de los niños sí fue a manos de militares, pero tuvo lugar, tras atender una alerta sobre la presunta participación de esos menores en un robo.
24 de diciembre: El macabro hallazgo en Taura. Mientras Ecuador se preparaba para la Nochebuena, la Policía halló restos humanos calcinados y desmembrados en un manglar de Taura. Los cuerpos se hallaron exactamente a 730 metros al norte del recinto Casa de Zinc, en un sector agreste entre manglares y camaroneras de Taura (Naranjal), también conocido como Vuela Larga. El punto se ubica 11 kilómetros al sur de Taura.
25 de diciembre: El CDH informó que cuatro cuerpos estaban siendo analizados para confirmar su identidad.
26 de diciembre: Acción legislativa. La Comisión de la Niñez se reunió para iniciar una investigación sobre la desaparición de los menores y el manejo del caso por parte de las autoridades.
31 de diciembre de 2024: «Mamitas, papitos, son sus hijos»
Ese día, el 31 de diciembre, cuando los familiares participaban de la audiencia de acusación de los 16 militares implicados en la detención de los niños, recibieron una plena confirmación.
«Cuando se acabó la audiencia, el fiscal llegó donde nosotros, a la sala en la que estábamos reunidos. Vino con el otro fiscal de derechos humanos de Quito y dijo: ‘Bueno, papitos, mamitas, yo les dije que yo iba a ser transparentes con ustedes, que no les iba a mentir en nada, y lamentablemente los cuerpos que fueron hallados en Taura sí son sus familiares, son sus hijos'», recuerda Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué. En ese momento, la madre de los niños entró en crisis. Todo entraron en una espiral de pesadilla.
La Fiscalía formuló cargos contra los 16 militares que integraban la patrulla “Tango Charly” por desaparición forzada con resultado de muerte, y el juez dictó prisión preventiva. Posteriormente, un teniente coronel fue vinculado por presunta participación en el encubrimiento, elevando a 17 el número de procesados.
Ese mismo día, la jueza a cargo del caso, ordenó la creación de una comisión de investigación y declaró la desaparición forzada de los menores.
2025, el año de la justicia
El 2025 avanzó entre audiencias, recursos y reconstrucciones. En febrero, un video difundido para sugerir que los adolescentes eran delincuentes, fue descartado por la Fiscalía al no evidenciar delito alguno. En marzo, durante una extensa reconstrucción de los hechos, se confirmó que la patrulla se desvió hacia un camino de tercer orden y que los militares retomaron una ruta que no tenía relación con procedimientos legales de detención. Una segunda reconstrucción realizada en abril aportó nuevos testimonios sobre agresiones que no habían sido declaradas antes.
El 27 de marzo llegó uno de los elementos decisivos: el informe forense integral. El estudio determinó que los cuatro murieron por disparos de arma de fuego a corta distancia, con trayectorias compatibles con posiciones de indefensión. También se identificaron lesiones previas a la muerte, pese al avanzado estado de calcinación de los restos. El peritaje balístico y antropológico confirmó que se trató de ejecuciones sumarias.
En octubre, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio y los 17 militares fueron llamados a juicio. La audiencia se instaló el 22 de octubre, fue suspendida y retomada el 5 de noviembre, cuando la Fiscalía comenzó a presentar sus pruebas de cargo. Entre los elementos decisivos se encuentran las extracciones de los teléfonos de los procesados, que revelan la creación de un grupo de WhatsApp usado para coordinar el encubrimiento y unificar la versión del “árbol caído”.
El Tribunal recordó que tras este operativo el reporte de la patrulla «Tango Charly» no mencionó que retuvieron arbitrariamente a los amigos de Las Malvinas y ni la condición de tortura psicológica y física que recibieron.
Las versiones de los colaboradores eficaces indicaron que los chicos fueron golpeados, desnudados y que se efectuaron disparos cerca a ellos para aterrorizarlos. “Agradece que no te pego un tiro” se escucha en un video aportado por uno de los colaboradores.
Fernando Bastías, abogado de dos de las familias afectadas, señaló que los testimonios de los militares estaban bajo análisis de la Fiscalía, para determinar responsabilidades por la desaparición forzada declarada por una jueza. Asimismo, destacó la necesidad de tratar el tema con sensibilidad para evitar la revictimización de las familias.
La sentencia: un lunes 22 de diciembre de 2025
Esa fecha tuvo lugar la histórica sentencia por los 4 Niños de las Malvinas. A los 17 militares procesados, el Tribunal dictó sentencia:
-Pena de 34 años y 8 meses de prisión para 11 militares
-Otros 5 militares, que se acogieron a la figura judicial de cooperación eficaz, recibieron la pena de 30 meses.
-Y otro de los militares investigados, procesado bajo sospecha de no haber actuado oportunamente, fue absuelto por el Tribunal pues fue el hombre que facilitó las pruebas que demostraron la culpa de los sentenciados.
Los militares sentenciados
La Fiscalía procesó a 17 militares, 16 que estaban en la patrulla y, en abril de 2025, vinculó al caso a Juan Francisco I. M., teniente coronel de la FAE. Según la investigación, este último habría tenido conocimiento del operativo militar, pero el Tribunal ratificó su inocencia.
11 militares, sentenciados a 34 años de prisión y ocho meses, en calidad de autores directos
Suboficial Wilson Alfredo W. A., uno de los de mayor rango.
Sargento Wilmer Danny L.C.
Cabo primero Jonathan Raúl G. P., conductor de una de las dos camionetas, fue identificado como uno de los militares que boxeó con el mayor de las víctimas y le habría aplicado una llave de lucha, con la que la tumbó al piso.
Cabo primero Ronald Stalin P. T. Un niño se habría golpeado con la trompetilla de su fusil cuando tiraron al menor de las víctimas al balde de una de las camionetas, según cooperadores eficaces y autopsia.
Cabo primero Rodrigo Paúl N. P., conductor de una camioneta, «cuyos actos colaboran al cumplimiento del objetivo ilícito» de la patrulla.
Cabo segundo Sergio Francisco V. B., parte de la patrulla.
Cabo Jhon Eduardo T. M., parte de la patrulla.
Cabo Lister Henry L. C., parte de la patrulla.
Cabo Bryan Olmedo N. L., parte de la patrulla.
Soldado David Andrés C. A.
John Henry Z. E.
5 sentenciados como autores directos a 30 meses de prisión, por cooperación eficaz
Nelson Oswaldo S. Z.
Moisés Israel L. L.
Álex Xavier Q. A.
Carlos Xavier E. M.
Christian Eduardo A. Q.
La Fiscalía comunicó que las pruebas confirmaron que las acciones de los procesados «estuvieron separadas de las funciones de servicio propias de un militar» y que, en lugar de entregar a los menores de edad a la Policía, sus acciones fueron apartadas del debido proceso, lo que concluyó en la desaparición y muerte de las víctimas.
Mientras que el juez ponente del caso, Jovanny Suárez, habló de un pacto de silencio de los involucrados y acusó dolo y ocultamiento, propio del delito de desaparición forzada. Además, el Tribunal determinó que el abandono de los menores en un lugar peligroso y desolado «fue la causa de la muerte de las víctimas», dijo el juez.
El artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de desaparición forzada y lo sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En este caso se aplicaron agravantes.
La sentencia también implica el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y el pago de USD 10.000 (cada sentenciado) a los familiares de las víctimas
Los 16 sentenciados, las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa deben ofrecer disculpas públicas, en las que deberá rectificarse la información errónea presentada originalmente en contra de las cuatro víctimas.
Como medidas de reparación, el tribunal dispuso lo siguiente:
Disculpas públicas en un medio de comunicación nacional, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura.
La colocación de una placa con los nombres de las víctimas, y la implementación de capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, con una carga mínima de 120 horas anuales, enfocadas en intervenciones con civiles, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
El fallo también ordena la rectificación pública de versiones difundidas en medios y redes sociales que estigmatizaron a las víctimas Ismael, Josué, Noemías y Steven. El Tribunal concluyó que los menores fueron víctimas de un crimen de Estado.
En ese marco, se dispuso la publicación —a costa de los sentenciados y de las instituciones estatales involucradas— de un extracto de la sentencia y una disculpa pública titulada:
“Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”, aclarando expresamente que no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada.
