Después de más de dos años desde que se presentó la denuncia que dio origen al caso Triple A, seis meses de diferimientos, y tras más de cuatro meses de audiencias de juzgamiento, el proceso penal que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 21 procesados entra en su etapa decisiva.
Está previsto que el Tribunal Anticorrupción reinstale la audiencia entre el 24 y el 25 de julio para concluir la incorporación de toda la prueba pendiente.
Una vez finalizada esa fase, el 26 de julio las partes presentarán sus alegatos finales, el último paso antes de que los jueces deliberen y emitan su resolución.
La investigación comenzó en 2024
La causa se originó el 12 de julio de 2024, cuando la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) presentó una denuncia por presuntas irregularidades detectadas en la comercialización de combustibles.
Once días después, el 23 de julio, la Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos e inició formalmente la investigación del denominado caso Triple A, que desde entonces ha atravesado varias etapas procesales.
El primer intento para formular cargos ocurrió el 14 de octubre de 2024, pero la diligencia no pudo instalarse. Durante los siguientes dos meses se registraron nuevas convocatorias, diferimientos e inasistencias hasta que finalmente la audiencia se instaló el 14 de diciembre y concluyó el 16 de diciembre, cuando el juez dispuso las medidas cautelares para los procesados.
Más de cuatro meses de audiencia
Desde que el juicio comenzó el 14 de marzo, el Tribunal ha escuchado en doce ocasiones, durante varios meses, a peritos, agentes investigadores, funcionarios públicos, expertos y testigos convocados tanto por la Fiscalía como por las defensas.
La Fiscalía concluyó en junio la presentación de su prueba de cargo, mientras que durante julio inició la práctica de la prueba de descargo de las empresas y de los demás procesados.
Las jornadas previstas para el 24 y 25 de julio permitirán concluir la incorporación de toda la prueba restante.
Posteriormente, el 26 de julio, la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, las acusaciones particulares y las defensas expondrán sus alegatos finales, resumiendo los elementos que, a su criterio, respaldan o desvirtúan la teoría del caso. Con ello terminará la etapa de juzgamiento.
Una vez concluidos los alegatos finales, el Tribunal ingresará a la fase de deliberación.
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La defensa sostiene que, aunque ha acatado que Álvarez comparezca por videoconferencia desde la Unidad Judicial de Santa Elena, las condiciones técnicas del lugar no son las más adecuadas para receptar su testimonio. Por ello, pidió que el Tribunal ordene su traslado desde el Centro de Privación de Libertad Santa Elena n.° 1 hasta el Complejo Judicial Norte, en Quito, al considerar que una comparecencia presencial garantizaría de mejor manera los principios de inmediación, oralidad, contradicción y defensa.
La decisión pondrá fin a un proceso que ha estado marcado por una larga instrucción fiscal, múltiples diferimientos, cambios en la conformación del Tribunal y más de cuatro meses de audiencias.
