El Universo .- El candidato presidencial de la alianza Construye-Gente Buena Fernando Villavicencio fue asesinado al final de un mitin político en Quito.
Pese a que la instrucción fiscal por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ya cerró y se está a la espera que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis procesados que serían parte de los autores materiales, las investigaciones para dar con los autores intelectuales avanzan y se nutren de varias fuentes, una de ellas, información que estaría llegando desde el plan de recompensas que dirige la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
La semana pasada, días después de que el Gobierno presentó un plan de recompensas, el cual contaría con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, para combatir delitos relacionados con el crimen transnacional, el terrorismo y delitos contra la administración pública en Ecuador, el minstro del Interior, Juan Zapata, informaba que de las 32 llamadas ciudadana recibidas en el call centrer, a través de la línea telefónica 131, del sistema de recompensas, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto pasado contra Villavicencio.
Casi una semana después, la cifra se ubica en 31 llamadas y además se incorporan 31 correos electrónicos que contendrían aparentemente información relacionada con el caso Villavicencio. El call center opera de forma ininterrumpida y está a cargo de analistas de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron una capacitación de un año para calificar la autenticidad de la información que se entrega. La línea 131 es gratuita.
Más allá de que las pistas que entrega la ciudadanía se hacen dentro de un proceso bajo reserva, que incluso cuenta con el registro de un código para quien llama y no de datos personales del denunciante, la información debe pasar rigurosos estándares de verificación antes de ser integrada a la investigación en curso.
El 8 de octubre pasado, un día después del cierre de los 60 días de instrucción fiscal abierta para investigar el asesinato del periodista de 59 años, hecho ocurrido en Quito al final de un mitin político, la Fiscalía informaba de la recepción del testimonio anticipado de una persona que, bajo juramento, narró, entre otras cosas, detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales y señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen ocurrido dos semanas antes de la votación presidencial de primera vuelta.
Con esa información, además de otros elementos obtenidos durante la instrucción fiscal que cerró, la Fiscalía informó que iniciará una investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Es decir, la información que estaría ingresando mediante el call center del sistema de recompensas, luego de ser verificada su idoneidad, ingresaría a esta segunda parte de la investigación del crimen de quien además de candidato a la presidencia fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea Nacional.
Un agente de inteligencia policial consultado explica que es vital que la información que ingresa por la vía del plan de recompensas o cualquier otra vía sea verificada a fondo para que así tenga la menor posibilidad de que no sea eficaz para la investigación, no haga perder el tiempo a los analistas y tampoco pueda ser una pista falsa que enrede la indagación
El ministro Juan Zapata ha referido que cuando la información no es calificada, la llamada y lo que han dicho se desecha. Lo que ocurriría desde lo práctico dentro del sistema es calificar la fuente, la información y pasa a un segundo filtro, en el que se determinaría el monto a cancelar por la información. No se han detallado el valor de las recompensas, pero se ha aclarado que quien cuantificará el valor a entregar serán funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos.
Dentro del proceso penal por asesinato continúa ingresando información respecto a pericias dispuestas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Luego del fallecimiento de siete de los sospechosos en dos cárceles en que se encontraban, la causa continúa únicamente contra Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F. Por seguridad, los seis fueron trasladados a centros de privación de la libertad (CPL) ubicados en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros.
El miércoles último, Carlos A. desistió de su pedido de apelar la orden de prisión preventiva que se le dispuso el 8 de septiembre pasado, día en que fue vinculado al proceso por asesinato. Al ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, la Fiscalía lo involucra con la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono que mantenía cuando estaba en el CPL de Cotopaxi.
Hace pocos días, a Carlos A. se le negó un habeas corpus que solicitaba para ser cambiado, por seguridad, a un CPL de Cotopaxi o Azuay, donde en mayoría están personas que integran la banda delictiva de la que supuestamente es parte.
