El Universo .- Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jhaya podrían enfrentar penas que van de tres a cinco años de cárcel.
Nuevamente se difiere la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio definida en el denominado caso Vocales, proceso penal en el que por el delito de tráfico de influencias son investigados los actuales vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya. La diligencia debía darse este jueves 7 de septiembre, pero quedó para el lunes 11 de septiembre a partir de las 08:45 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En esta ocasión la audiencia fue diferida por pedido del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, pues sus abogados habrían tenido un viaje a Galápagos por temas profesionales, el cual fue planificado antes de la convocatoria hecha por la jueza nacional Mercedes Caicedo, que está a cargo del despacho de Wallter Macías, magistrado que fue destituido con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal de ese organismo Xavier Muñoz.
Macías antes de ser destituido, el 19 de agosto pasado, dispuso que la audiencia en la que se analiza si existen vicios que noten lo actuado por la Fiscalía y se escuche el dictamen fiscal contra los procesados, se dé el 25 de agosto último. Esta diligencia no pudo instalarse y se difirió estando en manos de la jueza Caicedo.
La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.
Jhayya, quien antecedió a Osejo en la presidencia de la Corte de Pichincha, estaría siendo implicado en el caso por supuestamente haber convocado a los funcionarios judiciales a la reunión.
Dentro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía estaría la jueza de Pichincha que rindió su testimonio anticipado a mediados de marzo pasado en este caso. Ella sostiene que presenció la conversación y asegura haber grabado la misma debido a que no se sentía ni cómoda ni segura de lo que se iba a dar en una cita a la que fue convocada por su “jerárquico superior”: Morillo, en ese momento presidente del CJ encargado.
Aparentemente la cita en la que estuvieron Morillo, Barreno, Jhayya y otros se dio a inicios de junio de 2022, en una oficina ubicada en un edifico que estaba junto a la Corte de Pichincha, en el norte de Quito, pero no tenía nada que ver con la Función Judicial.
Del expediente en este caso no solo sería parte el testimonio anticipado de la servidora judicial, sino también el audio completo de la conversación que se habría dado. Ambos, además de otros ubicados en estos 90 días de instrucción fiscal, serían parte de los elementos de convicción que la Fiscalía usará en su dictamen. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló la fiscal general, Diana Salazar.
La testigo protegida asegura que los funcionarios de la Judicatura que estuvieron en la reunión “prevaliéndose de sus cargos”, dado que eran el presidente del CJ encargado y la vocal, “estaban ejerciendo influencia en el juez y en nosotros para que se logre sacar un fallo favorable para ellos políticamente”.
Por situaciones relacionadas al testigo protegido y su testimonio, la vocal Barreno presentó una denuncia de tipo administrativo contra Walter Macías ante una supuesta “falta grave” del juez en el trámite del proceso penal por tráfico de influencias. Respecto a ese trámite el pleno de la Corte Nacional ha pospuesto por dos ocasiones el tratamiento de un informe de declaración previa de error inexcusable elaborado por el también juez penal Byron Guillén.
El informe que entregue Guillén debería contener la recomendación de si Macías incurrió o no en el error inexcusable denunciado, hecho que habilitaría al Consejo de la Judicatura a decidir si se tramita su destitución en esta causa. Para aprobar un informe a favor de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, la propuesta debe alcanzar al menos 12 de los 21 votos del pleno de la Corte Nacional.
Macías sostiene que la denuncia disciplinaria se dio respecto al pedido de diferimiento de un testimonio en el conocido caso Vocales. “No había una razón jurídica y jurisdiccionalmente se indicó por qué no debía aceptarse ese diferimiento. Esa es una molestia que tiene una de las partes procesales”, explicó.
A los dos vocales de la Judicatura y al juez de Pichincha se les procesará por un delito en el que pueden recibir una pena que va de tres a cinco años de cárcel.
