La explotación del teléfono celular de Mayra Salazar, comunicadora social de la Corte de Justicia del Guayas, e involucrada en el llamado Caso Purga, revela nuevos actos de corrupción.
Esta vez se trata de multas de tránsito, emitidas por la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM).
De acuerdo a las investigaciones, entre Salazar y Faddul Mosquera, asesor de gerencia de la ATM, se encargaban de dar de baja a tales sanciones, cuando afectaban a jueces y funcionarios judiciales.
Los chats revelan que algunos magistrados gestionaban la anulación de multas, mientras que otros gestionaban permisos para utilizar vidrios polarizados en sus vehículos.
En una de las conversaciones, Salazar le envía a Mosquera la lista de jueces penales beneficiarios de la “ayuda”. Se incluye ella misma y el secretario de la doctora Gallardo, entonces presidenta de la Corte Provincial de Justicia.
Mosquera le respondió afirmativamente, y prometía que si les imponían alguna multa, se encargaba de la impugnación.
A cambio, la ATM buscaba la intervención de los jueces, para protegerlos en ciertos casos especiales.
Incluso se negociaba el reintegro de funcionarios de la institución que eran despedidos, mediante acciones de protección.
