La guerra entre el Gobierno Nacional y la Asamblea ya parece abierta. Una comisión legislativa ocasional, creada para analizar la gestión del actual régimen, recomendó una larga lista de actividades de fiscalización.
Se llama “Comisión Ocasional de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional”, y como parte de su labor, aprobó un informe no vinculante que será enviado a la Presidencia del Parlamento, para que a su vez lo proponga ante el pleno.
La mesa, impulsada por el correísmo, surgió a raíz de la ruptura del “acuerdo de gobernabilidad”.
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En su informe, señala supuestas irregularidades en sectores de la administración pública, como salud, educación, generación eléctrica, contratación pública y explotación de recursos naturales.
Por ejemplo, en salud cita equipos médicos dañados, falta de personal administrativo y procesos de contratación paralizados, pero sin aclarar si se trata de anomalías cometidas en el actual periodo.
La comisión también se quejó de no haber recibido la información solicitada, especialmente sobre la situación de los hospitales del IESS, la construcción de la cárcel de Santa Elena, las barcazas y la afectación a los derechos de la naturaleza.
Juicios políticos
Con estos antecedentes, recomienda iniciar varios juicios políticos. La lista incluye al actual presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña; al exministro de Energía, Roberto Luque; al ministro de Energía, Antonio Goncalves; y al ministro de Salud, Manuel Antonio Naranjo, entre otros.
También plantea enviar su informe a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía, para que realicen las investigaciones sobre las aparentes irregularidades detectadas.
