A las 15:00 de este jueves 22 de enero de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevé posesionar a los diez miembros de la comisión ciudadana que hará el concurso público de selección de la autoridad de la Fiscalía General del Estado.
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Con esta acción, arrancará oficialmente el proceso, en tanto se espera el pronunciamiento judicial de una acción de protección planteada por un expostulante.
El 14 de enero pasado el CPCCS integró la comisión ciudadana —que la componen cinco personas escogidas por la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado—, pero quedó pendiente su posesión a la espera de que presenten los documentos que los habilitan a ocupar un cargo público.
De acuerdo con el reglamento, una vez que la comisión ciudadana se posesiona, empieza a correr el calendario regresivo para elegir al Fiscal para lo que tienen un plazo de cuatro meses y dos meses adicionales de prórroga. De lo contrario, se enviará el informe a la Contraloría General del Estado para que se abran auditorías a los comisionados.
La posesión se produciría de forma paralela a una acción de protección con pedido de medida cautelar interpuesta por un expostulante a ser comisionado, que hasta el momento no tiene fecha fijada para la audiencia. Se trata del abogado en libre ejercicio Edgar Argüello quien presentó este recurso para que se revea la fase de impugnación en la que demanda la vulneración de sus derechos.
La acción se presentó el 18 de diciembre de 2026 y cuatro días más tarde, la jueza de la unidad judicial de Guayaquil, Ofelia Crespo Zamora, no convocó a la audiencia para resolver la solicitud de medidas cautelares (suspensión) y el fondo de la acción.
El accionante, Arguello, argumenta que el equipo técnico —siete asesores de los consejeros de Participación Ciudadana que actúan como apoyo— admitieron a trámite una impugnación ciudadana de Tatiana Mora Mera, que lo acusó de falta de probidad porque fue candidato a asambleísta por dos organizaciones políticas distintas.
El reclamo de Arguello se produce dos meses después de la etapa de impugnación ciudadana, que se evacuó en noviembre de 2025.
Adicionalmente, el Consejo resolvió este miércoles 21 de enero, que convocará a la veeduría ciudadana para escuchar sus inquietudes, pero bajo dos condiciones: que primero envíen su informe final escrito y que cada uno de los 323 veedores expongan sus criterios.
Por unanimidad (siete votos) del pleno del Consejo, este 21 de enero, se resolvió pedir a la veeduría que presente su informe de observación de la elección de diez personas y sus suplentes de la comisión ciudadana.
No obstante, no se fijó una fecha específica para su comparecencia, pues se los condicionó a que primero envíen el informe escrito y luego se los recibiría.
