Un decreto emitido por el presidente Daniel Noboa, establece la creación del llamado “Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT”.
Dicho organismo se encargará de establecer los mecanismos, para el futuro cierre del bloque petrolero ITT, situado en el parque Yasuní, tal como lo decidió el país en la Consulta Popular de agosto del año pasado.
El 59% de los ecuatorianos se pronunció a favor de cerrar el Bloque 43, y retirar, dentro de un plazo de un año, todas las instalaciones destinadas a la explotación del crudo.
El comité estará conformado por 5 miembros: los ministros de Energía, Ambiente, Economía y de la Mujer, así como el gerente de Petroecuador. Su objetivo será establecer un plan de acción, que contenga lineamientos y cronogramas para cumplir con la “voluntad popular”.
Una vez delineado dicho plan, será remitido a la Corte Constitucional. Además, cada mes deberá informarle sobre los avances del cumplimiento.
El gobierno decidió finalmente acatar la disposición, pese a que expertos señalaron que el plazo de un año es insuficiente para ejecutar todo el proyecto de desmontaje, y alertaron sobre el enorme desfase que dejará en las finanzas públicas no contar con el petróleo que genera del Bloque ITT.
Según cálculos realizados por el Banco Central, Ecuador perderá, durante los próximos 20 años, unos 14.709 millones de dólares, precisamente por no extraer el crudo de Yasuní.
