La Corte Constitucional (CC) anuló la disposición del Municipio de Quito, que castigaba con prisión a los conductores que circulaban a exceso de velocidad.
La disposición municipal establecía que los usuarios que fueran a más de 60 kilómetros por hora, en las zonas donde el límite es 50 kilómetros, recibirían automáticamente 3 días de arresto.
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Demanda por inconstitucionalidad
André Benavides, un reconocido constitucionalista, presentó una demanda ante la CC, pues advirtió que la sanción era desproporcionada e ilegal.
El organismo concordó con su criterio, y declaró sin efecto la medida adoptada unilateralmente por el Municipio.
En cambio, se mantienen la multa, equivalente a un Salario Básico Unificado (SBU), y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir.
El cabildo quiteño pretendía imponer una “cultura vial”, debido a los accidentes provocados por exceso de velocidad, pero su medida generó reclamos y críticas.
Aunque la Alcaldía trató de bajar el tono y anunciar campañas preventivas y de socialización, la CC ordenó cancelar de inmediato el arresto de los conductores infractores.
