Se estima un presupuesto que llegaría a los $ 20 millones, pero el organismo debe definir si habrá una sola papeleta u ocho por cada pregunta.
La propuesta de referéndum del presidente del Gobierno de Guillermo Lasso ajusta la ejecución de las actividades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos cinco consejeros deberán definir si habrá una sola papeleta u ocho que integre cada una de las ocho preguntas de enmienda a la Constitución.
El decreto ejecutivo 607 que suscribió el presidente de la República, Guillermo Lasso convocando a un referéndum de ocho preguntas de enmienda llegó al CNE la tarde-noche del 29 de noviembre y puso a los vocales electorales a acelerar las actividades administrativas, operativas y técnicas para operativizar ese proceso.
Lasso esperaba que la ciudadanía se pronuncie sobre once preguntas: ocho de referéndum y tres de consulta popular, pero la Corte Constitucional (CC) frenó ese propósito al descalificar las tres últimas, porque contenían textos que incumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
De esa forma, el jefe de Estado divulgó el decreto ejecutivo 607 con las ocho preguntas de referéndum y en el que dispone al Consejo Electoral convocar al proceso electoral en el plazo de 15 días y organizarlo en los siguientes 60 días.
Con esos plazos de por medio, la expectativa en el CNE es que ese proceso se sume a las elecciones seccionales y de los siete siete miembros del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero del 2023, para lo que entre este jueves y viernes se prevé aprobar el Plan Operativo Electoral (POE) que incluye el presupuesto específico que se aproximaría a los $ 20 millones, estimó el consejero José Cabrera.
Este presupuesto es independiente del que dispone el CNE para la organización de los comicios seccionales y del CPCCS, para el que el Ministerio de Economía y Finanzas asignó $ 97,3 millones.
