El desorden que imperó en la Asamblea Nacional, durante el análisis del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, genera críticas.
Para el connotado constitucionalista, Xavier Palacios, se violentaron algunas normas.
Para empezar, dijo, en el momento que la Comisión de Fiscalización decidió no calificar la interpelación de Salazar, no era necesario que el pleno del Parlamento ratifique o cambie la decisión.
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De ahí que el pronunciamiento tuvo un efecto político y no jurídico, anotó el jurista.
Además, cabía el “jalón de orejas” a la comisión, porque obró fuera de los plazos legales para definir las interpelaciones pendientes.
Secretario se arrogó funciones
Para Palacios, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, se arrogó funciones, al expresar ante los medios de comunicación que no acatarían la resolución del juez de Quito, que ordenó reanudar los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Dichos casos fueron archivados en la Comisión de Fiscalización, a instancias del correísmo, para acelerar los procesos contra la fiscal y las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior. Irónicamente, los dos primeros ya fueron archivados por falta devotos.
Palacios recordó que Muñoz es un empleado de la Asamblea, y por más que reciba órdenes del presidente o la vicepresidenta, no está facultado para representar al organismo.
Desconocimiento legal
Además, advirtió que el Parlamento comete un grave error de criterio al consultar su rechazo a la Corte Constitucional. Un desconocimiento legal muy preocupante.
A su criterio, el juez que dispuso retrotraer las interpelaciones de los exfuncionarios de Lasso, no ha interferido en la capacidad de fiscalización de la Asamblea, pues ni interfiere ni ordena lo que hay que hacer, sino que dispone respetar las causas que estaban en marcha, y que habían sido archivadas indebidamente.
