El vicepresidente de la Cámara de Energía, Roberto Aspiazu, expresó su indignación por el resultado de la consulta popular, que ordena suspender la explotación petrolera en el bloque ITT, del Parque Yasuní.
En diálogo con “Punto de Orden”, Aspiazu advirtió que el resultado de este plebiscito significará un enorme golpe para las arcas fiscales, posiblemente de entre 1.200 y 1.300 millones de dólares por año.
Además, subrayó que al Estado tendrá que incurrir en un enorme gasto, superior a los 1.000 millones, para desmontar la infraestructura creada en el bloque 43 ITT.
A su criterio, es irracional que un país como Ecuador, agobiado por problemas económicos, tenga que suspender la extracción de una riqueza natural, por el capricho sin fundamento de grupos ambientalistas, amparados por una Corte Constitucional carente de razonamiento.
Aspiazu recordó que el pedido de consulta fue realizado hace 10 años. Es decir, una década después se mantuvo la misma pregunta, sin tomar en cuenta la inversión que ya había realizado el Estado, y sin considerar que la Asamblea de entonces autorizó la explotación petrolera, tomando en cuenta que no causaría daños.
Asimismo, consideró que el llamado a las urnas se realizó mañosamente. Por ley debió cumplirse solo en las provincias directamente involucradas en la supuesta “afectación” ecológica, y no en todo el país, como finalmente se hizo.
Tanto así, que en las provincias «afectadas», triunfó el «NO», y por tanto debían continuar las actividades petroleras.
Asamblea Nacional debe revisar
Para Aspiazu, la nueva Asamblea Nacional tendrá la enorme responsabilidad de revisar la organización de la consulta popular, y establecer si cumplió todas las normativas legales. En especial el aspecto informativo, pues la enorme mayoría de votantes no fue instruida sobre los efectos de votar “sí” o “no”.
El analista precisó que, al revisar los pasos seguidos, llega a la conclusión que el plebiscito fue manipulado, y no debería tener valor.
