Mauricio Torres, contralor general del Estado.
Solo en el 2025, la Contraloría General del Estado realizó 1.341 informes de auditoría, de los cuales 309 arrojaron indicios de responsabilidad penal.
Así lo reveló el titular del despacho, Mauricio Torres, en entrevista concedida a Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”.
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Torres destacó que estas cifras tienen mayor mérito, ya que cuenta con un personal mucho menor.
Permanente trabajo
El contralor explicó que el número de auditorías del año anterior, supera en un 30% al del 2024, como parte de un plan de control mucho más agresivo.
El total incluye cerca de 200 exámenes, pedidos por la ciudadanía.
Los resultados de los estudios, en caso de detectarse irregularidades penales que no son desvanecidas dentro del plazo de ley, pasan directamente a la Fiscalía.
Precisamente con dicha institución, con la Corte Nacional de Justicia y con varias universidades, la Contraloría tiene en marcha un plan de capacitación permanente, que le permite a sus servidores mejorar sus conocimientos con cursos y maestrías.
Casos mediáticos
Dentro de los casos mediáticos, Torres citó el de Progen, que bordea los 100 millones de dólares.
Dicha empresa fue contratada para vender equipos de generación, durante la crisis eléctrica del 2024. Sin embargo, tales equipos llegaron tarde, no eran nuevos y no cumplían las especificaciones.
Para el contralor, los responsables del Caso Progen deben ir a la cárcel, y debe realizarse el esfuerzo necesario para recuperar el dinero.
Parecido criterio esgrimió en torno al Caso Catamayo. Se trata de la compra de equipos para restaurar la Planta de Catamayo, en Loja.
Y en cuanto a la frustrada compra de un terreno de 92 hectáreas, perteneciente al Municipio de La Libertad, provincia de Santa Elena, la Contraloría ya inició las investigaciones.
Sistema de alerta
Por otro lado, resaltó la importancia de los sistemas de alerta, que comienzan con las declaraciones juramentadas de bienes.
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De acuerdo a la ley, los trabajadores del sector público deben presentar una declaración al comenzar su gestión, y otra al concluir. También deben hacerla si cumplen 2 años en funciones.
Torres precisó que, gracias a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), y a los propios bancos privados, es posible detectar de inmediato movimientos sospechosos, tanto del servidor como de su cónyuge, hijos y demás familiares cercanos.
Con ello, agregó, es posible seguir “la ruta del dinero” en caso de posibles casos de corrupción.
Como resultado, la Contraloría ha mejorado sustancialmente la recuperación de dinero. En el 2023 recaudó 5 millones de dólares, que subieron un año después a 18 millones, para llegar en el 2025 a 33 millones de dólares.
Además, hay cientos de millones de dólares pendientes de recuperar, que están detenidos por recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que tiene autoridad para pagar las glosas y la eventual destitución de los funcionarios responsables.
Capacitación
El funcionario puntualizó finalmente que la institución, con miras a optimizar su trabajo, puso en marcha cursos de capacitación en auditoría, tanto para su personal como para todos los trabajadores del sector público, e incluso para la ciudadanía.
Dichos cursos son en línea y gratuitos.
Gracias a ellos, cerca de 64.000 personas se han beneficiado.
El objetivo no es solo mejorar la calidad de los servidores, sino su ética, pues se han detectado casos de auditores que “vacunaban” a ciertos funcionarios, a cambio de no iniciarles un examen.
