La Corte Constitucional (CC) declaró la vulneración de los derechos en el despido de un funcionario de la Contraloría General del Estado (CGE) tras ejercer su licencia de paternidad. Y dispuso el pago de una reparación económica.
La sentencia emitida el pasado 16 de abril, se ha hecho pública en los últimos días de mayo.
La historia de Guillermo
Todo empezó en junio de 2019, cuando Guillermo obtuvo el nombramiento provisional de secretario de responsabilidades en la Contraloría. Casi un año después, en marzo de 2020, pidió una licencia de paternidad por el nacimiento de su hija.
Pero luego fue notificado con la terminación de su nombramiento provisional y lo reubicaron como especialista de resoluciones de responsabilidades. Entonces, hizo uso de vacaciones que había solicitado con anterioridad, para cuidar de su hija recién nacida.
Es entonces que fue despedido.
En mayo de 2022 presentó una acción de protección en contra de la Contraloría y la Procuraduría General del Estado. Posteriormente, una Unidad Judicial Penal de Calderón aceptó el recurso y dispuso su reintegro, pero la CGE apeló y la Corte Provincial de Pichincha aceptó el recurso dejando sin efecto la decisión de primera instancia.
Es así como el padre acudió a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección para que revisen su caso.
Dictamen favorable
La CC concluyó que la Contraloría incurrió en discriminación indirecta al hacer cambios en el nombramiento del accionante mientras estaba con licencia de paternidad y luego despedirlo tras sus vacaciones.
La Corte ordenó medidas de reparación, entre ellas:
- Ordenar que la Contraloría pague a Guillermo el monto de USD 1.335 por concepto de reparación en equidad, dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de la presente sentencia.
- Disponer que la Contraloría capacite a sus diferentes departamentos jurídicos y de talento humano que se encuentran de manera descentralizada en todo el país sobre el contenido de esta decisión.
- Disponer que la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura publiquen esta sentencia en sus portales web institucionales, incorporando un hipervínculo que dirija al documento completo.
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