Hay decenas de informes con responsabilidad penal (Foto: Contraloría General)
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, recibió un informe de la Contraloría General, sobre acciones de control ejecutadas en la gestión del agua, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs).
Entre el 2016 y lo que va del 2026, la institución emitió 610 informes de auditoría a empresas municipales de agua potable. De ellos, 62 contienen indicios de responsabilidad penal.
Evaluación
Las auditorías evaluaron la operación e infraestructura de los sistemas de agua, así como los procesos de contratación, adjudicación de obras y el desempeño administrativo de las empresas, incluida la gestión del talento humano.
En relación con la planta de tratamiento de agua La Estancilla, que abastece a los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua, en Manabí, se elaboraron 4 informes de auditoría enfocados en la gestión comercial y financiera, el control de activos y la recuperación de recursos.
La Contraloría realizó 155 auditorías vinculadas a la aplicación de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí. De estos informes, 13 presentan indicios de responsabilidad penal.
Estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, destinados a los servicios de agua y saneamiento en los GADs.
