La Contraloría General del Estado puso en marcha un proceso de auditoría, para evaluar los patrimonios de 63 jueces de la provincia del Guayas.
En diálogo con “Punto de Orden”, el contralor, Mauricio Torres, explicó que esta investigación deviene del llamado “Caso Purga”, que detectó graves actos de corrupción dentro de la Corte de Justicia del Guayas.
Torres precisó que en total se revisarán 423 declaraciones juramentadas, a fin de establecer si los bienes de cada magistrado y funcionario corresponden con la realidad, o si se produjeron incrementos injustificados.
Lamentablemente, dijo, por ahora la Contraloría no cuenta con el personal y los recursos logísticos necesarios, para extender de inmediato la investigación a todos los magistrados del país, como sería lo óptimo. Sin embargo, se lo hará de forma paulatina.
Torres puntualizó que, lamentablemente, el equipo de la Contraloría es limitado. Apenas tiene 2.900 empleados, incluyendo 600 auditores, para investigar a 3.400 instituciones públicas.
Sin embargo, existen ya en marcha varios convenios internacionales, que permitirán mejorar el trabajo de la institución, tanto en equipos como en capacitación.
Evaluación positiva
Desde que asumió el cargo de contralor, en noviembre pasado, Torres ha encabezado 62 informes penales, que significan un posible perjuicio para el Estado por 42 millones de dólares. Esa información ya fue enviada a la Fiscalía, que establecerá si los indicios ameritan el enjuiciamiento de los responsables.
Tales informes corresponden a glosas e irregularidades de ciertas obras, en temas como la vía Aloag-Santo Domingo, contratación de limpiezas y seguridad, y en la liquidación de Tame, y señalan, entre otras instituciones, a los municipios de Quito, Cuenca y Santo Domingo.
Otra falla detectada es el alto número de sanciones económicas no cobradas. En total son 360 millones de dólares por glosas, entre los años 2000 y 2023.
Sin embargo, la institución tiene en marcha un proyecto de remisión de multas e intereses, que permitirían recaudar 140 millones de dólares a corto plazo.
En cuanto a las auditorías realizadas al censo nacional de población y vivienda, Torres señaló que de las 7 previstas ya se han realizado 3, correspondientes a contratos de personal y comunicación. Según sus cálculos, en 3 o 4 meses estarán los resultados respectivos, tras lo cual se procederá a efectuar las investigaciones restantes.
También habrá un análisis interno, con exámenes de patrimonio del propio personal de la Contraloría, con miras a establecer eventuales irregularidades patrimoniales.
