La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional resolvió este jueves 23 de abril de 2026, solicitar información a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Protección de Datos acerca de las reformas realizadas desde el 20 de abril, en el acceso a la información de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
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La resolución fue adoptada este 23 de abril, luego de que el legislador Isaac Solano, de Acción Democrática Nacional (ADN), planteara un cambio en el orden del día. Recibió el respaldo de nueve asambleístas.
El proponente señaló que en los últimos días se ha visto una polémica respecto del acceso a la información de las declaraciones patrimoniales sobre todo en la página de la Contraloría. Pero que, «hay grupos que se cogen de estos problemas para generar, ya sea un tipo de desestabilización o confrontación”.
Durante la discusión, los delegados de la bancada Revolución Ciudadana propusieron convocar a comparecer al contralor Mauricio Torres Maldonado; sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de ADN ni de sus aliados.
Blasco Luna, asambleísta de la RC, manifestó que no es la primera vez que la Contraloría restringe el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, pues en el 2021, el excontralor Pablo Celi emitió una medida similar.
Diana Jácome (ADN), presidenta de la mesa legislativa, aclaró que nadie está encubriendo, pero que el artículo 75 de la ley orgánica de la Función Legislativa habla de la facultad de requerir la información o comparecencias de funcionarios públicos, por lo tanto, la comisión está cumpliendo su deber al solicitar información.
Las dos autoridades tienen diez días de plazo para remitir la información y de ser necesaria la comparecencia, se dará en su momento, para que expliquen y den a conocer su decisión.
