Un post del presidente Daniel Noboa en la red social “X”, antes Twitter, genera controversia.
El mensaje señala cuestionamientos contra la empresa Lafattoria SA, que durante más de una década ha manejado los contratos para la alimentación de los reclusos. Por ahora el contrato está suspendido, lo cual deja sin comida a los PPL.
En su post, Noboa deslizó que dicha compañía tiene vínculos con el crimen organizado.
“En este país, han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles, ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”, señaló el mandatario.
El gobierno denuncia que Lafattoria SA, estaría detrás del ingreso a las prisiones de armas, municiones, drogas, celulares y muchos otros artículos prohibidos, aprovechando su labor en la preparación y servicio de comida para los presos.
“Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados, y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos”, agregó el mensaje del presidente.
El caso ya fue planteado ante la Fiscalía general.
Una investigación del portal www.milhojas.com afirma que “es un secreto a voces que esta empresa sería uno de los principales canales para el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a estos centros”, en referencia a las cárceles.
Pese a ello, los gobiernos han seguido contratando a la compañía, y le han pagado alrededor de 700 millones de dólares desde 2011.
Desde hace 13 años, agrega la nota, Lafattoria ha suscrito más de 20 contratos y 15 convenios de pago con el extinto Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario. Además, ha sido la beneficiaria de 8 prórrogas de un convenio marco con el Ministerio de Educación, para la provisión de alimentación escolar.
Por su parte, directivos de Laffatoria SA rechazaron las acusaciones.
Richard Villagrán, presidente de la empresa, advirtió que el pedido de investigación tendría la finalidad, de evitar que el gobierno le pague un monto que les adeudan desde hace meses.
“Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley”, expresó Villagrán en una carta.
También precisó que la compañía ha sido auditada por años, nunca ha sido denunciada penalmente, jamás ha sido glosada por la Contraloría, y reporta ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad encargada de investigar el delito de lavado de activos.
“Ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL, y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses”, agregó.
