La propuesta de una nueva Ley de Comunicación causó apuros al correísmo.
La iniciativa partió de Xavier Lasso, legislador electo de la Revolución Ciudadana, quien consideró necesario un marco legal que regule la comunicación social, tanto en señal abierta como digital.
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Su planteamiento mereció el rechazo casi unánime de la opinión pública, y más aún con el recuerdo de la Ley aprobada en el 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, y de sus abusos.
Abusos
La normativa dio pie a numerosas sanciones contra medios, obligados a pedir disculpas y a aceptar réplicas a gusto y sabor de las autoridades. En el 2022 la ley fue reformada por orden del entonces presidente Guillermo Lasso, irónicamente hermano del asambleísta del correísmo.
Especiales cuestionamientos provocaron las intervenciones de la desaparecida Superintendencia de la Información, que encabezó el ahora prófugo Carlos Ochoa.
No está en la agenda
Las críticas hicieron mella en la RC5, que a las pocas horas dejó en claro que el proyecto de Xavier Lasso “no es una postura de la bancada”.
Viviana Veloz, legisladora reelecta de la tendencia y presidenta de la Asamblea, señaló en rueda de prensa que el tema no forma parte, al menos por ahora, de la agenda de su agrupación.
Incluso exhortó a los ciudadanos a revisar el plan de trabajo de la Revolución Ciudadana, para establecer que una Ley de Comunicación no forma parte del mismo.
Es más, agregó Veloz: “siempre respetamos la libertad de expresión”.
