Los integrantes correístas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fracasaron en su objetivo de crear una veeduría al manejo de las cárceles, durante el Estado de Excepción.
Meses atrás, el organismo ya intentó establecer una veeduría al manejo del organismo, durante la presidencia transitoria de Julio César Trujillo, pese a sentencia expresa de la Corte Constitucional. Como resultado, su entonces titular, Alembert Vera, fue destituido.
Esta vez, a través de los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, ambos ligados a la Revolución Ciudadanos, plantearon este mecanismo, supuestamente “para verificar la clasificación y tratamiento de los presos”.
Pero en una acalorada sesión del pleno, los demás vocales los acusaron de querer dar apoyo a los criminales privados de la libertad, y negaron la moción.
Verduga alegó que la veeduría no implicaría una intromisión al Estado de Excepción, que solo comprendería la Cárcel Regional de Guayaquil, y que tendría una vigencia de seis meses. Pero sus compañeros del pleno votaron en contra.
Ni siquiera sus duras palabras conmovieron a los integrantes de la mayoría, que rechazaron las pretensiones de la llamada “liga azul”, el bloque correísta dentro del CPCCS.
El gobierno, por su parte, también señaló que era improcedente esa veeduría, pues se quiere tomar atribuciones que no le da la ley.
