El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó la ratificación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, impulsadas por el correísmo. La propuesta no alcanzó los votos necesarios tras la objeción parcial presentada por el presidente Daniel Noboa a finales de 2024.
Durante la sesión, 72 legisladores votaron en contra y 62 a favor, lo que impidió que el proyecto continúe vigente. La norma generó fuertes divisiones dentro del Legislativo por su alcance político y disciplinario.
El eje central del debate fue la propuesta para sancionar el llamado transfuguismo político, conocido popularmente como “camisetazos”. La reforma planteaba castigar como falta muy grave a los asambleístas que se apartaran de las decisiones de su bancada.
La mayoría del Pleno consideró que esa disposición vulneraba derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento, la expresión política y la independencia legislativa de cada asambleísta.
Legisladores de la bancada oficialista ADN advirtieron que la normativa podía convertirse en un mecanismo de presión política. A su criterio, las sanciones propuestas abrían la puerta a represalias internas y al control del voto legislativo.
Otro aspecto cuestionado fue la creación de una Comisión Multipartidista, de carácter temporal, que podía activarse con la recolección de firmas y asumir funciones similares a las del Comité de Ética.
Con la votación negativa, la Asamblea no ratificó el texto objetado por el Ejecutivo. Esto dejó sin efecto las reformas y cerró el debate legislativo sobre este proyecto.
El resultado evidenció la falta de consensos en torno a los límites de la disciplina partidaria y reafirmó la postura mayoritaria a favor de la autonomía individual dentro del Parlamento.
