El asambleísta Héctor Valladares, de la Revolución Ciudadana, planteó un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar.
La solicitud busca unificarse con una ya existente, y que está dentro de la “cola” de interpelaciones.
Según Valladares, la fiscal es responsable de incumplimiento de funciones, pues no actuó en torno a información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que investiga delitos como el blanqueo de dinero o lavado de activos.
El parlamentario afirmó que la UAFE remitió a la Fiscalía 97 procesos, entre los años 2009 y 2022, pero que sólo se han llevado adelante doce causas, y de ellas, solo 5 han recibido sentencia judicial.
También dijo que en el año 2019 se reportó a la Fiscalía, un monto de 98,6 millones de dólares por casos de lavado de activos. Sin embargo, anotó que en estas causas no se iniciaron procesos.
Por su parte, la Fiscalía respondió a Valladares con otro comunicado. En el mismo indica que el pedido de un nuevo juicio carece de sustento, y exhortó al parlamentario a informarse mejor, y repasar los tiempos en que ocurrieron los supuestos delitos.
La Fiscalía, agrega el comunicado, a través de la unidad especializada antilavado de activos, tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en etapa preparatoria de juicio, 23 en procesos en tribunales y 8 en impugnación. Por tanto, mal se puede decir que “no hizo nada”.
En cuanto al llamado “Caso Copaco”, la institución aclara que data de 2016, y que partió de información falsa que la UAFE remitió a la Fiscalía.
Para la Fiscalía, el nuevo pedido de interpelación solo tiene tintes políticos.
