La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre, se ha propuesto reivindicar la deteriorada imagen del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán.
Gracias a las abstenciones del bloque de la Revolución Ciudadana, tanto Terán como Maribel Barreno, exvocal del CJ, se libraron de la censura en el reciente juicio político.
Pero la situación penal no pinta también para ambos. El testimonio de Xavier Muñoz, otro exconsejero del CJ, y quien decidió acogerse a la cooperación eficaz con la Fiscalía, es lapidario. Muñoz no solo confesó su participación en las redes de corrupción, detectadas en los casos “Caso Independencia Judicial” y “Metástasis”, sino que reveló las irregularidades cometidas por sus antiguos compañeros. Y en especial por Terán.
Sin embargo, la legisladora Aguirre tiene otra lectura. Cree que las “confesiones” de Wilman Terán durante el juicio político, sirven para los fines del correísmo.
Durante la interpelación, el expresidente del CJ afirmó que, siendo parte del tribunal que emitió sentencias en el “Caso Sobornos”, fue presionado por la fiscal, Diana Salazar, para condenar al expresidente Correa y al exvicepresidente Glas.
Un anuncio que, para la Revolución Ciudadana, permitiría presentar el recurso de revisión, a fin de exonerar al expresidente Correa, condenado a 8 años de prisión.
El problema estribaría en las evidencias. Terán no tiene ninguna para respaldar sus afirmaciones, y los chats telefónicos de sus supuestas conversaciones con Salazar, carecen de toda credibilidad. Es decir, ni siquiera podría salvarse de una condena.
En una entrevista radial, la asambleísta Aguirre lanzó la tesis de que la fiscal debe ser interpelada. El proceso está está suspendido, debido al estado de gestación de la funcionaria.
El “Caso Sobornos” fue revelado en el 2019. El portal digital “Mil Hojas” publicó que varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, negociaron, gestionaron y recaudaron fondos para las campañas de Alianza País, mediante sobornos pagados por contratistas del Estado.
