Dos comisiones: la bancadas de la Revolución Ciudadana (RC o correísmo) y Acción Democrática Nacional (ADN, movimiento de Gobierno) se abrieron otro frente. Esta vez por quedarse con la fiscalización del paro nacional.
Sucede que la Comisión de Seguridad, controlada por ADN, aprobó en la víspera el inicio de la fiscalización de «los actos de violencia derivados a las actuaciones de la sociedad civil y fuerza pública de seguridad en el contexto de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025 (Paro Nacional)».
Con esto, intentaron frenar la sesión que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, tenía prevista para hoy. Aunque Mariana Yumbay, de Pachakutik, aseguró que la fiscalización le corresponde a esta mesa legislativa porque ya habían empezado el proceso con anterioridad.
De ahí que la mañana de este 30 de septiembre, la Comisión de Garantías Constitucionales, con mayoría correista, recibió a personas afectadas por la fuerza pública en el contexto de las manifestaciones. Incluso recibieron a Marlon Vargas, presidente de la Conaie, quien pidió un proceso de juicio político para los ministros del Interior y Defensa.
Verónica Iñiquez condujo la sesión para declararse en Comisión General y recibir a familiares de los detenidos en las protestas y representantes de diferentes sectores sociales. Esta Comisión le dará este eje: «fiscalización a los presuntos abusos y vulneraciones de Derechos Humanos cometidos en las manifestaciones sociales, derivadas del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel», dijo.
Por su parte, la Comisión de Seguridad dijo que todo lo actuado por Garantías Constitucionales es nulo e ilegítimo, porque cuando una comisión empieza a fiscalizar un tema, ninguna otra puede abordar el mismo asunto.
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