Malas noticias para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tras un corto tiempo de análisis, la Corte Constitucional decidió tomar acciones directas, frente a la “veeduría” que pretende implantar dicho organismo para evaluar su gestión.
En un fallo emitido de forma unánime, por los 8 jueces presentes –Richard Ortiz, el noveno juez, goza de una licencia por vacaciones- la Corte resolvió “iniciar la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19”, emitida el año 2019, y que blindaba su conformación actual.
En un comunicado, el organismo señaló que su objetivo, es “verificar si las conductas de los sujetos individualizados”, es decir los integrantes del CPCCS y el juez de Montecristi que dispuso la veeduría, “por acción u omisión, de forma directa o indirecta, o por aquiescencia, podrían estar encaminadas a contravenirlo”.
Se refiere al dictamen antes mencionado.
La Corte ordenó que, en un plazo de 72 horas, el presidente del CPCCS, Alembert Vera, responda los escritos presentados por otros vocales del organismo, e informe sobre las gestiones realizadas acerca de la citada veeduría.
El mismo plazo tienen Ismael Merizalde, coordinador de asesoría jurídica del Consejo, y otros dos funcionarios, para que detallen sus actuaciones dentro del tema.
La consejera Betsy Saltos recibió similar disposición, y en 72 horas como máximo deberá explicar su participación dentro de la propuesta.
La orden de la Corte Constitucional va más allá. El pleno del CPCCS debe presentar, dentro del plazo ya señalado, un informe completo de su actuación, dentro del conflicto mantenido con la fiscal general, Diana Salazar.
En cuanto al juez de Montecristi, Leiver Quimís, la Corte le da 72 horas para que remita el audio de la audiencia pública, en la cual ordenó implementar la polémica veeduría.
La Corte de Justicia de Manabí, a través de la Sala Especializada de lo Penal, debe notificar el estado del proceso.
El lunes, 25 de septiembre, por vía telemática, habrá una audiencia pública, en la cual la Corte se pronunciará sobre lo sucedido.
Aunque no se anticipó nada, el organismo podría disponer la destitución de Vera y de otros vocales y funcionarios, por no acatar la decisión de autoridad competente.
