El Universo .- Algunos gremios del sector aseguran que la propuesta afectaría a más de 3.000 cangrejeros y sus familias, lo cual indirectamente sumaría unas 15.000 personas.
Que el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres afectará directamente a más de 3.000 cangrejeros y sus familias es la denuncia que algunos gremios del sector cangrejero expusieron este 13 de septiembre, a través de un comunicado, en el que también anunciaron una masiva movilización para la próxima semana en Quito para pedir a la Corte Constitucional (CC) el archivo del proyecto que propone un mecanismo de regularización de tierras e infraestructuras camaroneras.
Sin embargo, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) pide reunirse con autoridades del Gobierno para socializar el decreto y exhorta a la CC que no dé paso este cuerpo normativo. En el comunicado otros gremios también crítican el decreto, entre estos están la Asociación Puerto Envidia de Naranjal; la Unión de Cangrejeros del Golfo; y de la Cooperativa de Producción Artesanal El Paraíso del Cangrejo.
“Nuestro temor es lo que va a pasar cuando se dé la titularización. Esto será un problema social, económico y político”, explicó la presidenta de la Fenacopec, Gabriela Cruz.
La dirigente también solicitó una reunión al viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, para “socializar dicho decreto” y presentar un catastro de las camaroneras para conjuntamente analizar lo que es y no es viable.
A la postura de Cruz también se unieron otros dirigentes, que expresaron su preocupación por este decreto ley. Según el presidente de la Asociación Puerto Envidia de Naranjal y miembro de la Red de Manglares de Churute, Christian Castro, el cuerpo normativo va a legalizar el daño a la naturaleza y todos los manglares que se han talado.
El presidente de la Unión de Cangrejeros del Golfo, Agapito Risco, comentó que no solo corren riesgo los manglares, sino que también las especies que se reproducen en ellos y las comunidades de las cuales muchas han sido desalojadas. Además, mencionó que le preocupa la seguridad de los cangrejeros. “Actualmente (los) que tienen concesión disparan y matan a nuestros compañeros, qué va a pasar con ellos cuando ya tengan la titularización de la tierra”, reprochó.
Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Producción Artesanal El Paraíso del Cangrejo, Cristhian de la Torre, lamentó que en el decreto el Gobierno nacional no les brinda las garantías necesarias para realizar su actividad.
“El presidente no nos garantiza la seguridad a nivel nacional, cómo va a garantizar que los camaroneros, una vez que tengan la titularización, no nos maten como ya ha pasado en Puerto Morro y en el estero Salado”, se cuestionó.
En tres disposiciones reformatorias se enfocan críticas de cangrejeros
El proyecto en discordia fue uno de los dos que el presidente Guillermo Lasso envió el 5 de septiembre pasado con carácter de urgencia económica. La preocupación de los gremios se enfoca en el contenido de las disposiciones reformatorias primera, octava y novena, que se refieren a las reformas a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.
En la octava se pide que se agregue la siguiente disposición general: “Los titulares de concesiones de zona de playa y bahía destinadas exclusivamente a la actividad acuícola, cuyas superficies hayan perdido la influencia marina de las mareas por la acción del hombre o la naturaleza y que, por lo tanto, ya no ostenten tal calidad ni la de bien nacional de uso público, podrán solicitar al ente rector de Acuicultura y Pesca dejar sin efecto el acto administrativo que otorgó la concesión respecto del área objeto de la misma y, en consecuencia, solicitar al ente rector de Acuicultura y Pesca la adjudicación de la propiedad de dichas tierras previo pago del valor que corresponda conforme los parámetros que serán establecidos vía norma técnica y conforme los requisitos técnicos que establezca el ente rector de Acuicultura y Pesca, el cual tendrá competencia exclusiva sobre las tierras de esta naturaleza”.
Mientras que en la novena se indica: “Los titulares de concesiones de zonas de playa y bahía para dedicarse a la actividad acuícola, así como los titulares de concesiones para ocupar zonas marinas, en su hábitat natural o en recintos especialmente construidos para dedicarse a la acuicultura marina podrán hipotecar total o parcialmente el derecho contenido en la autorización correspondiente, únicamente a favor de una institución del sistema financiero público nacional. El contrato de hipoteca deberá otorgarse por escritura pública e inscribirse ante el ente rector. Para los efectos jurídicos de lo contemplado en el párrafo anterior, la infraestructura camaronera será considerada un bien inmueble”.
