En una rueda de prensa realizada este 8 de diciembre en Guayaquil, la Red de Organizaciones Unidas de Enfermedades Raras y Catastróficas exigió al Estado la entrega inmediata de 69 medicamentos esenciales, luego de que la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas ratificara la sentencia de primera instancia emitida en 2022 a favor de los pacientes.
El fallo, notificado el 25 de noviembre, otorga 60 días para el cumplimiento integral de la resolución, un plazo que comenzó a correr el 26 de noviembre de 2025.
Rogelio Valencia, abogado que acompaña a las organizaciones, explicó que la sentencia reafirma el derecho constitucional de los pacientes a acceder a tratamientos oportunos y suficientes y «da un hálito de esperanza». Sin embargo, recordó que, pese a la orden judicial inicial del 12 de mayo de 2022, el Estado no ha garantizado la provisión de medicamentos durante más de tres años.
La acción de protección fue presentada en Guayaquil, pero contempla afectaciones en hospitales públicos de varias provincias.
Entre las instituciones demandadas constan hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Icaza Bustamente, Abel Gilbert Pontón en Guayaquil y Eugenio Espejo en Quito, entre otros.
La coalición que impulsó la acción de protección está integrada por siete organizaciones: la Red de Enfermedades Raras y Minoritarias del Ecuador (RERME), la Fundación Fibrosis Quística del Ecuador, la Fundación Mucopolisacaridosis del Ecuador, la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer (APNAC), la Fundación Miastenia Gravis del Ecuador y la Red de Pacientes Renales.
En conjunto, estas agrupaciones representan a más de 4.000 pacientes a escala nacional, afectados por la falta sostenida de medicamentos y tratamientos esenciales.
Los medicamentos incluyen tratamientos para leucemia, fibrosis quística, enfermedades renales, patologías reumatológicas, trastornos hiposarios, miastenia gravis y diversos tipos de cáncer infantil.
Un fallo vinculante
Con la sentencia en firme, el Estado ecuatoriano enfrenta la obligación inmediata de activar compras, garantizar abastecimiento y agilizar los procesos administrativos necesarios para la entrega de los fármacos.
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