Una nueva “guerra política” sacude al país.
Los actores son la Corte Constitucional (CC), y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Un juez de Montecristi, provincia de Manabí, sorpresivamente ordenó que el CPCCS realice una “veeduría” al trabajo de la Corte.
Cabe destacar que, de acuerdo a la ley, ningún organismo puede fiscalizar a la CC. En el 2018, el CPCCS provisional, presidido por Julio César Trujillo, lo hizo. Gracias a una consulta popular, que fue respondida afirmativamente por el país, evaluó y destituyó a casi todas las autoridades de control de entonces, incluyendo al fiscal, Carlos Baca, y al entonces defensor del Pueblo.
Sin embargo, normalmente no tiene esa atribución. De hecho, el año pasado la CC destituyó a todos los miembros del CPCCS, por su retraso en la elección de las autoridades de control.
El actual consejo, dominado por el correísmo, pretende tirar abajo a la CC mediante esta veeduría. Pero la atribución del juez de Montecristi, Leiver Quimís, es cuestionada, porque su jerarquía está muy por debajo.
Quimís no solo dispuso la veeduría. También “ordenó” que el CPCCS “dé acompañamiento y supervisión técnica, y asigne los recursos económicos necesarios”. De no tenerlos, debería solicitarlos al Ministerio de Finanzas.
Todo apunta a que la CC, en cualquier momento, podría tomar acciones, tanto contra el consejo como contra el juez.
