La red de corrupción que se tomó la justicia de la provincia del Guayas, demuestra hasta dónde llega la crisis de valores que sufre el país.
Para el reconocido jurista Pablo Alarcón, la situación es muy grave. Basta con ver que los detenidos en el “Caso Purga”, todos ellos implicados en actos ilícitos, eran incluso profesores universitarios de jurisprudencia.
El mensaje equivocado que dan, entonces, es que la carrera de derecho permite alcanzar dinero y poder, en lugar de su verdadero objetivo: el rescate social y la justicia.
De ahí la importancia de la campaña “cultura de la legalidad”, que impulsa la Escuela de Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, de Guayaquil, entidad que Alarcón dirige. Una campaña que apunta a rescatar la ética profesional.
La “cultura de la legalidad” busca construir civismo y amor por el país, promoviendo el respeto a las normativas no por temor a una sanción, sino de forma natural.
Para el constitucionalista, hay que tratar este tema como un acuerdo para la subsistencia de la democracia.
Alarcón lamentó que los mismos abogados que actúan de forma deshonesta, pretendan “normalizar” esa actuación al llegar a un cargo público, y más aún si se convierten en magistrados.
Asimismo, destacó la necesidad de reconocer públicamente a los buenos servidores judiciales, que sí los hay, y esgrimir sus virtudes para recuperar la confianza ciudadana.
Predicar con el ejemplo es la mejor forma, anotó.
Para el jurista, la ética debe ser una práctica transversal, que se aplique a todas las actividades diarias. Incluso en actividades cotidianas como la movilización en un bus.
