Cumplir el debido proceso e individualizar sanciones ante un posible incumplimiento de sentencia motivarían el llamado a audiencia a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana

En esos días, el CPCCS estará bajo presión, pues se conocería al virtual ganador del concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado, que estará en la etapa de recalificación de los méritos y del examen escrito de 103 postulantes que compiten por ese cargo. Aunque, en las últimas horas, un juez de Bucay (Guayas) dictó una medida cautelar en el trámite de una acción de protección que suspendió el proceso, y la audiencia para sustanciarla está convocada para el 26 de septiembre.

Estos siete consejeros llevan apenas cuatro meses en sus cargos, pero ya fueron convocados por la Corte Constitucional para que expliquen sobre la conformación de una veeduría ciudadana que busca evaluar la elección de los jueces constitucionales. Y, también, por la aprobación de un informe de investigación por presunto plagio, con recomendaciones incluso penales, que aprobaron Vera, Verdezoto, Verduga y Saltos, en contra de la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, designada por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

La Corte reaccionó luego que, el 1 de septiembre, el CPCCS convocó a integrar esta veeduría solicitada por una ciudadana, Betty Moreira Marcillo, para “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio”.

La veeduría está casi lista para funcionar. En total, se inscribieron 41 personas, pero unas 20 habrían sido admitidas, pues cumplieron los requisitos y pasarán a la etapa de inducción y planificación de las actividades que realizarán.

El auto de seguimiento de la sentencia se aprobó con ocho votos y el concurrente (que está de acuerdo con la mayoría, pero difiere del razonamiento jurídico) del juez Enrique Herrería, quien consideró que la Corte se “encuentra habilitada para tomar una decisión”.

No obstante, los magistrados resolvieron escucharlos en audiencia, lo que permitiría garantizar el debido proceso e individualizar responsabilidades en el caso de sanciones, que podrían llegar hasta la destitución, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución.

La constitucionalista Verónica Hernández explicó que esta audiencia permitirá “observar si lo que los jueces dictaron en el 2019 se ha cumplido o no, es decir, para recabar pruebas, información y elementos de juicio”.

También, para individualizar posibles sanciones, ya que el Consejo es un órgano colegiado y debe definirse quién incumplió el dictamen.

Reflexionó que, si bien el Consejo tiene la atribución de promover la participación ciudadana, la selección de los actuales jueces de la Corte Constitucional cumplió con esa observación.

“En el momento del concurso de selección de los jueces esta participación ciudadana se dio. La gente participó, impugnó a los candidatos, reclamó, se siguió un proceso para elegirlos. Los jueces ya se sometieron a la impugnación ciudadana”, dijo la jurista, y se preguntó sobre la real intención de conformar esta veeduría.

“La veeduría y sus recomendaciones podrían no tener un efecto sobre el dictamen, pero sí sobre la institucionalidad de la Corte: de provocar crisis, generar desconfianza al sistema de justicia. Es como querer tumbar instituciones, porque la Corte es incómoda para el Ejecutivo, para el CPCCS, para la misma Función Judicial y hasta para ciertos sectores. Pero es una Corte independiente, con sus opiniones, de las que muchos podremos discrepar, pero que ha hecho prevalecer el Estado de derecho en ausencia de la Asamblea Nacional. Hace su trabajo y también se equivoca. Y se pueden cuestionar sus fallos, pero no acusarlos de corrupción”, opinó Hernández.

Según André Benavides, constitucionalista, la audiencia pública se convierte en una fase para exponer argumentos de los observados y está contemplada en la ley y el reglamento que rige a la CC.

“En esta audiencia los consejeros tendrán que exponer de manera oral sus argumentos, más allá de lo que han advertido en sus escritos. El objetivo es valorar los criterios, antes de tomar una decisión; porque, si bien es cierto que con los escritos se podría llegar a una decisión, de alguna forma, lo que se pretende garantizar es el debido proceso y determinar con mayor exactitud las responsabilidades individuales de cada funcionario que está siendo objeto del seguimiento de cumplimiento de dictamen”, precisó Benavides.

El jurista Ramiro García Falconí cree también que esta audiencia servirá para velar por el debido proceso, en la cual los consejeros ejerzan su derecho a la defensa.

Pero cuestiona el intento de crear esta veeduría ciudadana. “Quisieron pasarse de vivos y que una persona presente una acción de protección para crear la veeduría”, dijo García, y no descartó que se trate de una estrategia política para afectar la Función Judicial y “bajarse a la Corte Constitucional, bajarse a la fiscal (Diana Salazar), que es a lo que apuntó el Consejo. Es una estrategia obvia y burda”, opinó en una entrevista en Radio Democracia de este jueves.

Un antecedente de cómo procedió la Corte ante un incumplimiento de una de sus sentencias ocurrió hace ocho meses, el 23 de enero de 2023, cuando destituyó a los siete exconsejeros del mismo CPCCS por no designar al vocal faltante del Consejo de la Judicatura, pese a que lo dispuso en una sentencia.

Los jueces evocaron el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución, que manda: “Cuando una sentencia o resolución no se cumple por servidores públicos, el juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal”.

Antes de convocar a esta audiencia, los jueces han recabado información de la Fiscalía, del CPCCS y escritos presentados por los siete vocales, como elementos de cargo y descargo.

Alembert Vera, presidente del Consejo, deslindó responsabilidades en la integración de esta veeduría, pues alega que la solicitud es de iniciativa ciudadana y no requería aprobación del pleno.

Aseguró que se convocó para cumplir el fallo del juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimis, quien admitió una acción de protección que interpuso Moreira y ordenó que de inmediato se integre la veeduría.

A propósito, el juez Leiver Quimis también deberá comparecer en esta audiencia y le dieron un plazo de 72 horas para remitir el audio de la audiencia pública en la que sustanció el recurso constitucional.

Además, Quimis enfrenta una denuncia de la Procuraduría General del Estado por presunto prevaricato, pues habría emitido este fallo en contra de norma expresa, como es el dictamen.

Los vocales Nicole Bonifaz, Mishell Calvache y Andrés Fantoni expusieron que el representante legal del Consejo es Vera y que, como tal, no dispuso ninguna acción para debate del pleno sobre esta veeduría.

Augusto Verduga y Johanna Verdezoto presentaron un escrito conjunto en el que rebaten a los tres consejeros de la minoría y los acusaron de querer inducir a error a la Corte.

Aseguraron que, aunque se cree la veeduría y haya un informe con recomendaciones y que este “sea acogido por el pleno, lo máximo que puede realizar es instar o exhortar y remitir sus informes a los respectivos órganos de control para su conocimiento y procesamiento”.

La consejera Yadira Saltos no presentó ningún documento, por lo que la Corte le dio 72 horas para que envíe un informe individualizado de su participación directa o indirecta.

Vera tiene 72 horas para remitir un escrito explicando las afirmaciones de sus colegas y el estado en que se encuentra la conformación de la veeduría ciudadana.

En tanto, el pleno (de siete vocales) tiene 72 horas para remitir un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.