El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 377 para ampliar las funciones de la Secretaría General de Integridad Pública y fortalecer el sistema estatal de recepción de alertas sobre posibles actos de corrupción.
La medida también respalda la creación de la Dirección de Análisis y Seguimiento de Alertas, una nueva dependencia que estará encargada de procesar y coordinar información relacionada con presuntas irregularidades en instituciones públicas.
Con esta reforma, la Secretaría podrá recibir alertas provenientes de ciudadanos, empresas privadas, entidades estatales y otros actores sociales.
Según el decreto, la información recopilada deberá canalizarse hacia las instituciones competentes para apoyar acciones preventivas y reforzar la política nacional de integridad pública.
El Gobierno aclaró que la Secretaría General de Integridad Pública no tendrá facultades judiciales ni competencias para investigar delitos. Su función será receptar, coordinar y dar seguimiento a las alertas, sin reemplazar a entidades como la Fiscalía, la Contraloría o la Policía Nacional.
El decreto también incorpora una disposición que permite a la Secretaría asumir otras funciones asignadas por la Presidencia o por la normativa vigente.
Además, el documento señala que la Presidencia solicitó al Ministerio del Trabajo un rediseño institucional para incorporar oficialmente la nueva Dirección de Análisis y Seguimiento de Alertas dentro de la estructura orgánica de la entidad.
La Secretaría General Administrativa de la Presidencia, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía deberán ejecutar los cambios administrativos necesarios en un plazo de 60 días. Entre ellos constan ajustes organizacionales, creación de cargos y asignación presupuestaria.
El Ejecutivo sostiene que la medida busca fortalecer la prevención de la corrupción y mejorar la coordinación entre instituciones del Estado.
