El presidente Daniel Noboa propuso crear tribunales militares especializados para juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas que participen en operaciones contra el crimen organizado. La iniciativa forma parte del Plan de Seguridad Integral 2025-2029, presentado por el Gobierno como una política pública.
Durante una entrevista con Radio Centro, el mandatario aseguró que Ecuador enfrenta una guerra contra las organizaciones criminales. Por ello, considera necesario que jueces especializados analicen las actuaciones de los militares.
«Los tribunales militares existen en gran parte del mundo y también en varios países de Latinoamérica», afirmó Noboa.
El Gobierno busca mayor seguridad jurídica para los militares
Según el presidente, estos tribunales permitirían evaluar cada caso con base en procedimientos y normas propias del ámbito militar. Además, sostuvo que los uniformados tendrían mayor seguridad jurídica cuando participen en operaciones contra grupos delictivos.
Asimismo, Noboa señaló que los magistrados especializados podrían diferenciar con mayor claridad una actuación legítima de un posible abuso durante una intervención militar.
La propuesta forma parte del Plan de Seguridad Integral
El planteamiento está incluido en el Plan de Seguridad Integral 2025-2029, elaborado por el Ministerio de Defensa y convertido en política pública el pasado 14 de julio.
Entre sus objetivos principales se encuentra fortalecer la lucha contra el crimen organizado, una problemática que llevó a Ecuador a registrar 9.283 homicidios durante 2025, la cifra más alta de su historia.
Además, el documento plantea impulsar tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura para conocer procesos penales relacionados con servidores militares.
Instituciones responsables de la iniciativa
El plan establece que el Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas liderarán el desarrollo de esta propuesta.
Sin embargo, el documento aún no detalla cómo funcionarán estos tribunales ni cuál será el procedimiento para su implementación.
La Constitución vigente plantea un desafío
Actualmente, la Constitución de 2008 dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía sean juzgados por la justicia ordinaria.
Por ese motivo, la propuesta deberá analizar si requiere reformas legales o incluso una modificación constitucional para entrar en vigencia.
Casos recientes y contexto regional
El debate sobre la justicia militar cobra relevancia tras la condena impuesta en diciembre pasado a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores, detenidos en 2024 cerca de Guayaquil.
Además, Perú aprobó recientemente una norma que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. La decisión generó críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles riesgos de impunidad.
