El presidente Daniel Noboa firmó este viernes 3 de julio el Decreto Ejecutivo 440, que reglamenta los incentivos tributarios para personas naturales y jurídicas que donen viviendas, recursos económicos o financien proyectos de vivienda de interés social en Ecuador.
La normativa busca reducir el déficit habitacional y establece el procedimiento que deberán cumplir los donantes para acceder a la rebaja del Impuesto a la Renta por sus aportes.
El reglamento involucra al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, crea el Catálogo de Necesidades de Vivienda, una plataforma que identificará las zonas con mayor déficit habitacional para orientar las inversiones.
El decreto contempla tres modalidades de donación: la entrega de viviendas terminadas, la construcción de viviendas de interés social y el aporte de recursos económicos para financiar proyectos habitacionales. En todos los casos será obligatorio suscribir un convenio con el ente rector de vivienda y cumplir un proceso de verificación antes de obtener el beneficio tributario.
Para las viviendas del segmento 1, las modalidades incluyen la construcción en terrenos del beneficiario o del Estado, así como la entrega de viviendas ya edificadas. Cada proyecto deberá contar con un acta de entrega-recepción y un certificado oficial que respalde la aplicación del incentivo fiscal.
En cuanto al beneficio tributario, el decreto establece que la rebaja del Impuesto a la Renta será equivalente al 100 % del valor donado, aunque no podrá superar el 30 % del impuesto causado durante el ejercicio fiscal. La normativa también aclara que este beneficio no generará devoluciones, créditos tributarios ni compensaciones para ejercicios posteriores.
El procedimiento exige presentar una manifestación de interés, obtener la validación de la propuesta, firmar el convenio de donación, ejecutar el aporte y superar la verificación realizada por el Miduvi, entidad encargada de certificar el cumplimiento de los requisitos.
Con esta regulación, el Gobierno busca incentivar la participación del sector privado en proyectos de vivienda social y facilitar nuevas inversiones para reducir el déficit habitacional en el país.
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