Representantes de varias organizaciones anunciaron que demandarán al candidato correísta a la Vicepresidencia, Diego Borja, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a fin de que lo descalifique.
La causa es que Borja, mediante empresas intermediarias, es contratista del Estado, lo cual está expresamente prohibido para los aspirantes a cualquier dignidad.
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En diálogo con “Punto de Orden”, el analista Andrés Páez explicó que Borja, junto a su esposa, es propietario de una empresa llamada Gesticom, que tiene un capital de apenas 800 dólares. Sin embargo, se las arregló para asociarse con otra compañía, de un capital de solo 400 dólares, que a su vez negoció un contrato con Petroecuador.
Millonario contrato
Pese a los ínfimos activos con que cuentan, dijo, lograron que la empresa los contrate por 11 millones de dólares.
Gracias a este lucrativo acuerdo, Borja recibe mensualmente una utilidad de 70.000 dólares, desde hace más de 2 años y medio.
Páez hizo notar que el postulante correísta, nunca declaró ese “pequeño detalle” antes de inscribirse. Detalle que le habría impedido participar en las próximas elecciones.
Alguien en Petroecuador se “hizo un billete” con este contrato, y permitió que Borja “se haga otro billete” a costa del Estado. Es decir, del dinero de todos los ecuatorianos.
Sanciones
El analista advirtió que ante esta situación, impulsará con varios grupos más la demanda mencionada, para conseguir que el binomio de Luisa González, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, quede fuera de la contienda.
También dejó en claro que no existe la supuesta “persecución política” que señala Borja, y exhortó a la Fiscalía y a la Contraloría intervenir y sancionar a los responsables.
