La candidatura de Diego Borja a la Vicepresidencia de la República, por el movimiento Revolución Ciudadana es ilegal, debido a que mantiene un contrato con el Estado, lo cual está expresamente prohibido para quienes participen en elecciones.
Así lo precisó el exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, en diálogo con “Punto de Orden”.
- LEER TAMBIÉN: Diego Borja justifica sus antiguas críticas contra el correísmo
- LEER TAMBIÉN: Negada acción de protección planteada por Juan Esteban Guarderas
Fideicomiso “pantalla”
Guarderas explicó que Borja, el 18 de enero del 2023, suscribió ante la Notaría Sexta de Guayaquil la constitución de un fideicomiso, junto a las compañías Downhole Tools, Geticon SA y Fidunegocios.
El objetivo fue recibir, todos los meses, un porcentaje de los pagos que efectuaba Petroecuador, por el alquiler de maquinaria utilizada para la extracción de crudo en ciertos campos del país. Dicho contrato llegaba a casi 11 millones de dólares.
Guarderas anotó que la citada maquinaria fue comprada por Borja, a través de un crédito con el Banco Amazonas por 1,5 millones de dólares. Lo cual demuestra que el ahora aspirante correísta participa activamente del negocio.
Downhole Tools, la empresa que firmó el contrato con Petroecuador, apenas recibe el 30% de los pagos. El resto va para el fideicomiso de Borja, y para cubrir el préstamo de la maquinaria.
Todo esto consta en la escritura pública 2023-09-01-006-P00139, de la Notaría Sexta de Guayaquil.
“Simulación”
Para el exconsejero del CPCCS, lo que implementó Borja fue una simulación. Una “pantalla” para tratar de esconder su nombre. Algo muy grave, pues no lo mencionó a la hora de aceptar su candidatura, pese a que la ley lo obligaba.
Ante este abierto conflicto de intereses, dijo, deben intervenir la Contraloría, la Fiscalía y el Servicio de Contratación Pública (Sercop), pues lo que hizo Borja no es ético.
Correísmo quiere tomarse función judicial
En otro ámbito, Guarderas denunció que el correísmo, una vez que la Asamblea Nacional lo destituyó, planea tomarse de nuevo la función judicial, ya que cuenta con mayoría dentro del CPCCS.
El exvocal recordó que, de acuerdo a la planificación, en los próximos meses deben elegirse al nuevo fiscal general, y a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Asimismo, debe ponerse en marcha la renovación del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo, organismos apetecidos por la RC5.
Si bien el TCE destituyó a los integrantes de la “Liga Azul”, es decir a los miembros correístas del CPCCS, precisamente por identificarse como parte de una organización política, el caso está en apelación. Y una y otra vez, los señalados recusan a los jueces, para alargar el proceso y permanecer en sus cargos.
