El binomio impulsará el esquema de economía social de mercado, “con reglas claras que fomenten además el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional, fomentando la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero”. Se buscará mantener un equilibrio con la economía circular y el desarrollo de la gestión integral de recursos naturales, incluyendo a los recursos hídricos.
Para el área social, la apuesta es, entre otras, fortalecer el sistema de salud, mejorando la infraestructura, dotación de medicinas y equipamiento de hospitales y centros; contratación y capacitación de personal médico y de enfermería. Se contempla ampliar la cobertura del servicio.
También se plantean cambios en el sistema de seguridad social. Uno de ellos es devolver al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los recursos provisionales e implementar “reformas de fondo” que tendrán como propósito “separar las prestaciones de salud” que hoy brinda el IESS, “de las labores técnicas de administración de los fondos provisionales que son su razón de ser”.
La idea es que el IESS “podrá cubrir a título de prestaciones la vejez, la cesantía y sin duda la enfermedad, pero no proveerá directamente de servicios que pueden ser prestados a través del sector privado”.
Por otro lado, se desarrollarán programas para prevenir y reducir el consumo de drogas, así como disminuir la oferta y el mercado ilícito de sustancias.
En el sector de educación se reformulará el contenido del bachillerato, mejorar la formación docente, actualizar el currículo educativo. Así también se trabajará en disminuir la desnutrición infantil con programas de atención a la alimentación escolar.
Para el fomento del empleo, el binomio promoverá desde el Estado la ejecución de obra pública. Y para incentivar la contratación de trabajadores en el sector privado, se planteará la creación de un “sistema de contratación paralelo al régimen de contratación individual” que existe en el país, “bajo dependencia”. Habrá la posibilidad de “permitir que, por libre acuerdo entre las partes, aprueben trabajadores y empleadores una contratación por horas”.
Para luchar contra la corrupción las propuestas incluyen crear fiscalías especializadas, unidades de investigación y organismos anticorrupción, así como garantizar la independencia y eficiencia del sistema judicial.
