Fernando Muñoz, quien fue destituido como presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), planteó una demanda en la Fiscalía General, contra los 3 jueces que lo removieron de sus funciones.
La nueva mayoría, convocando una sesión extraordinaria no anunciada, decidió que Muñoz recayó en “incumplimiento de funciones”, especialmente en el ámbito presupuestario, y decidió destituirlo. En su reemplazo fue posesionada de inmediato la vicepresidenta, Ivonne Coloma.
Muñoz denunció ante la Fiscalía que dichos jueces cometieron “usurpación de funciones”, y advirtió que, de acuerdo a los reglamentos, solo el presidente en funciones, o sea él, puede convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias.
En entrevista concedida a Ecuavisa, anotó que planteará una acción de protección, que deje sin efecto su destitución.
“Pretenden tomarse el TCE para manipular los resultados electorales. Es un acto ilegal, colmado de intereses partidistas y ambiciones personales”, afirmó el removido directivo.
También remarcó que, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional es el único organismo que puede ejercer control administrativo en el TCE.
A su criterio, la sesión extraordinaria simplemente fue “una reunión de amigos”, sin valor legal.
