9 de los 12 detenidos por el llamado “Caso Purga”, y a quienes le dictaron orden de prisión preventiva, fueron trasladados a la Cárcel 4, de Quito, pese a que la Fiscalía había solicitado que sean enviados a la Cárcel Regional de Cotopaxi.
De los 3 imputados restantes, uno recibió arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad, mientras que la esposa del exasambleísta Pablo Muentes y un secretario judicial, obtuvieron medidas sustitutivas. Además deberán usar grillete electrónico.
En cambio, para los demás implicados, el juez Javier de la Cadena ordenó la prisión.
Por razones de seguridad, la Fiscalía pidió que estas 9 personas no sean recluidas en la misma prisión donde están los implicados en el Caso Metástasis. Por tanto, fueron enviados a la Cárcel 4, de Quito.
En el Caso Purga, la Fiscalía presentó 119 elementos de convicción, que muestran que Muentes era el líder del grupo criminal, que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial de Guayas, para obtener beneficios económicos y materiales.
Una de estas resoluciones le permitió beneficiarse, de forma fraudulenta, de una indemnización por 3,9 millones de dólares del Banco del Pacífico, al que le debía dinero. Muentes habría falsificado pagarés, y luego demandó a la entidad financiera.
