Diez policías en servicio activo recibieron prisión preventiva por su presunta participación en un falso operativo en una piladora de arroz de Samborondón, Guayas. Un juez dictó la medida tras procesarlos por el delito de concusión.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de octubre de 2026, en un predio ubicado en la vía Las Palmas-Samborondón. Según la denuncia, más de diez individuos llegaron en tres vehículos y utilizaron prendas oscuras con distintivos similares a los uniformes policiales.
Los sujetos afirmaron que acudían por supuestas denuncias ciudadanas y que buscaban armas y grandes cantidades de dinero. Sin embargo, durante la incursión habrían intimidado a los ocupantes y exigido dinero bajo amenazas de detenerlos.
De acuerdo con la información del caso, los implicados se llevaron una cadena y un anillo de oro, además de USD 500 que pertenecían al padre de la denunciante. Luego, uno de los sospechosos habría obligado a una de las víctimas a abrir una caja de seguridad que contenía cerca de USD 130.000.
Bajo amenazas de encarcelar a los presentes, los individuos habrían exigido dinero en efectivo y consiguieron USD 12.000. Antes de retirarse, también obligaron a las víctimas a grabar un video en el que afirmaban que el procedimiento había transcurrido sin novedades y que no faltaban pertenencias.
Después de la salida de los sospechosos, una de las afectadas llamó al ECU 9-1-1 para denunciar lo ocurrido. Los investigadores revisaron los videos y verificaron que no existía un operativo institucional ni una disposición legal para intervenir en ese sector.
Las indagaciones condujeron a los investigadores hasta el Cuartel Modelo, en Guayaquil. Allí, durante la formación matutina del personal policial, la denunciante identificó directamente a varios de los presuntos involucrados.
Nueve de los procesados pertenecían a la Dirección General de Inteligencia de la Zona 5. El décimo uniformado integraba la Unidad de Muertes Violentas y Desapariciones (DINASED) de la misma zona.
Durante la audiencia, el juez también dispuso incorporar a la cadena de custodia dos vehículos, 12 celulares, prendas oscuras, armas de dotación estatal, un dispositivo de grabación de video y nueve vainas percutidas.
La Fiscalía procesa a los diez uniformados por concusión, delito contemplado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece una pena de cinco a siete años de prisión. La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de los procesados.
