El Universo .– La Fiscalía solicitó que sean llamados a etapa de juzgamiento los 18 acusados del delito de peculado ocurrido en la compra de siete helicópteros Dhruv.
Diez meses después de que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv se suspendió para que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, entre a deliberar la decisión de si llama o no a juicio a los 18 acusados del delito de peculado, el magistrado define para el próximo 19 de mayo, a las 16:00, la reinstalación de la diligencia.
Esta diligencia se suspendió el 30 de julio de 2022 y desde ese momento lo único que esperan los sujetos procesales es que se cierre la fase preparatoria de juicio, conociendo si la decisión del juez es llamar a juicio a todos a varios o a ninguno.
En cinco días de diligencia participaron entregando sus alegatos la fiscal general, Diana Salazar, la Procuraduría General (acusadora particular) y los abogados de los 18 acusados, en mayoría, integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio pasivo (sp).
Los 18 procesados son acusados por la Fiscalía de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008. La investigación comprende hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de estos helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A.
La fecha para la reinstalación se concreta luego que el 8 de mayo pasado, la fiscal Salazar envió un escrito al juez Rivera señalando que en el caso, desde julio de 2022 hasta la presente fecha, “ha transcurrido el tiempo suficiente y razonable para que su señoría se pronuncie conforme al numeral 5 del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Dos días después el juez responde el escrito definiendo la fecha para la audiencia.
“Uno de los derechos garantizados en la Constitución y que igualmente es garantía de los ciudadanos sometidos a controversia judicial es la tutela judicial efectiva, derecho y garantía que además exige se observe los principios procesales de legalidad, oportunidad y debida diligencia. Su inobservancia reviste una responsabilidad conforme establece el artículo 9 del ordenamiento constitucional”, señaló la fiscal en su escrito.
En su momento, Diego Chimbo, abogado del procesado brigadier general (sp) de la FAE Jorge Mejía, aseguró que el tiempo que se ha tomado para deliberar supera todo plazo razonable dentro de un proceso judicial. En esa línea, el defensor cree que es un derecho que tienen los procesados a conocer en un “tiempo prudente” cuál es la situación jurídica que enfrentan.
Además de Mejía, por peculado son procesados los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa Javier Ponce y Wellington Sandoval. También hacen parte de los investigados Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; al exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; y Eduardo Esparza, brigadier general (sp) de la FAE.
Finalmente completan la lista de sospechosos Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres.
Para Salazar, los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Ellos arbitrariamente, explicó, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirió los helicópteros Dhruv.
El proceso de compra de los helicópteros se formalizó mediante un contrato suscrito el 5 de agosto de 2008. Según la Fiscalía, el peculado investigado causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 66,4 millones.
El abogado Chimbo espera que la decisión que está por dar el juez Rivera no se vea influenciada por lo sucedido en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte del general de la FAE, Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010.
De una parte se habla que el asesinato del general Gabela se dio durante el asalto que se produjo en su casa; mientras que la familia del uniformado sostiene que la muerte está relacionada con las denuncias que él hizo sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv.
El artículo 278 del COIP señala que cometen la figura de peculado los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.
Quienes sean encontrados culpables del delito de peculado serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.
