El nuevo reglamento del sistema penitenciario en Ecuador establece la implementación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles del país, como parte de una estrategia para frenar la comunicación ilegal desde los centros de privación de libertad.
La normativa dispone que estos sistemas operen de forma permanente, las 24 horas del día, bloqueando frecuencias de telefonía móvil y transmisión de datos. La medida busca impedir que los reclusos utilicen celulares u otros dispositivos tecnológicos para coordinar actividades delictivas desde el interior de las prisiones.
El control estará a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, entidad responsable de implementar la tecnología mediante personal especializado, garantizando además que el bloqueo no afecte el funcionamiento de teléfonos públicos autorizados.
En ese sentido, el reglamento permite la instalación de cabinas telefónicas en áreas comunes, desde donde los privados de libertad podrán comunicarse con el exterior bajo estricta supervisión. Estas cabinas estarán prohibidas en espacios cerrados como celdas o pabellones.
Adicionalmente, cada persona privada de libertad deberá registrar previamente hasta un máximo de 10 números telefónicos autorizados, incluyendo contactos familiares y abogados. Las autoridades penitenciarias podrán monitorear y grabar las conversaciones por motivos de seguridad, aunque se establece que la comunicación con la defensa técnica debe mantenerse confidencial.
Sin embargo, el documento también contempla la posibilidad de interrumpir cualquier llamada si se detecta una alerta de riesgo dentro del sistema penitenciario.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca fortalecer el control en las cárceles y reducir la incidencia de delitos coordinados desde el interior de los centros penitenciarios, un problema recurrente en el país en los últimos años.
