El Ejecutivo reconoció “la importancia de los pueblos y de las comunidades indígenas, y en este caso de los pueblos no contactados”.
Desde la Procuraduría (Abogacía) General del Estado se sostiene que la zona intangible creada para estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario está claramente delimitada sin que exista afectación dentro de esa área.
A la audiencia de la CorteIDH, celebrada en Brasilia durante el 150 periodo de sesiones del tribunal internacional, asistieron líderes indígenas como el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza.
Además de la Conaie, la demanda fue promovida por la Fundación Pachamama, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE) y el Colectivo Yasunidos.
De acuerdo con el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la CorteIDH en 2020, los tres episodios con muertes violentas “son el resultado de contactos con terceras personas, debido a la mencionada falta de garantías efectivas para impedir el acceso de terceros al territorio”.
Asimismo, la CIDH concluyó que “el territorio ancestral de los pueblos tagaeri y taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane (ZITT)”.
También encontró que no se han tomado en cuenta los patrones estacionales de siembra y recolección, generando contactos, afectando su subsistencia y la entrega en concesión y explotación de sus territorios intangibles a empresas.
La CIDH estableció que, bajo la premisa de no contacto y de autodeterminación de los pueblos indígenas, “no es posible intervenir sus territorios para aprovechamiento económico cuando ello pueda entrar en tensión con la salvaguarda de su subsistencia”.
Fuente: El Universo
