El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, como respuesta a lo que considera insuficientes controles para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
En el caso de Ecuador, Washington fijó un gravamen adicional del 10 %, la tarifa asignada a las economías que ya cuentan con alguna prohibición, asumieron compromisos para aplicarla o mantienen mecanismos parciales contra el comercio de productos elaborados con explotación laboral.
Sin embargo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó previamente que Ecuador no estaría haciendo cumplir esa restricción de manera efectiva.
La decisión coloca presión sobre las exportaciones ecuatorianas hacia su principal mercado comercial. En 2025, Estados Unidos importó desde Ecuador bienes por aproximadamente USD 9.000 millones, un incremento del 5,6 % frente al año anterior.
Por esa razón, el nuevo recargo podría afectar la competitividad de los productos nacionales, aunque su impacto definitivo dependerá de las mercancías incluidas y de las excepciones establecidas por Washington.
La disposición contempla exclusiones para determinadas materias primas, productos que no pueden obtenerse en cantidades suficientes dentro de Estados Unidos y artículos cuya aplicación arancelaria podría provocar alteraciones económicas.
Ecuador figura, además, entre los países que podrán beneficiarse de exenciones específicas como incentivo para fortalecer la prohibición y el control de importaciones relacionadas con trabajo forzoso.
En América Latina, Ecuador comparte el arancel del 10 % con Argentina, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras otras economías afrontarán una tasa del 12,5 %. La medida abre un nuevo frente comercial para el país y obliga a las autoridades ecuatorianas a evaluar su alcance sobre exportadores, empleo y acceso al mercado estadounidense.
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