La Asamblea Nacional volvió a negar la admisión del pedido de juicio político contra seis consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta decisión se dio en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que mantiene mayoría oficialista, y marca el tercer intento fallido del correísmo por iniciar un proceso de fiscalización.
El pedido fue impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana (RC) y se centró en las actuaciones de los consejeros Andrés Fantoni (presidente), Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto, Piedad Cuarán y Roberto Gillbert. El asambleísta Luis Fernando Molina (RC) los acusa de incumplimiento de funciones, principalmente por presuntas irregularidades en la designación de Mario Godoy como titular de la Judicatura y en el concurso para elegir al Fiscal General del Estado.
Sin embargo, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) recomendó no admitir el trámite por incumplimiento de requisitos y por inconsistencias en las firmas electrónicas del documento. Esta recomendación fue ratificada en la sesión del CAL, que se encuentra bajo el control de la bancada ADN.
El asambleísta Molina criticó la decisión y aseguró que el oficialismo está “blindando” al CPCCS. En su cuenta de X, afirmó que el Gobierno busca “tomarse la Fiscalía” y calificó el proceso como una “captura del Estado”, en referencia a la designación de Mario Godoy.
Con esta resolución, el proceso de juicio político no avanzó, y el debate sobre el control del CPCCS y la Fiscalía se mantiene abierto en el escenario político nacional.
