EL PAÍS .- En El Salvador, la interrupción del embarazo está penada con hasta 50 años de cárcel. La Corte IDH podría obligar al país a reformar la ley en un tema en el que el presidente ha cambiado de opinión, según analistas,para ganar votos.
Es 31 de octubre de 2018. El Auditorio Ignacio Ellacuría de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) está más lleno que nunca. En una de las sillas, un joven y engominado Nayib Bukele, recibido como una rockstar, es abucheado por primera vez en el conversatorio. “En el tema del aborto, únicamente estamos de acuerdo cuando esté en riesgo la vida de la madre”, dice el que se convertiría cuatro meses después en el presidente más joven del continente. Los aplausos de los fans más incondicionales intentan eclipsar los gritos. “Cuando alguien de altos recursos tiene un aborto espontáneo, la tratan […] Y nadie la cuestiona”. Meses después de llegar a la Presidencia, el discurso dio un giro de 180°. “Algún día, nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio”, dijo en la viral charla con el cantante puertorriqueño René Pérez, Residente.
“No es esquizofrenia”, advierte Celia Medrano, ex coordinadora general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica. “Es conveniencia y pura estrategia política. Pasa con el aborto y con todo lo que mueva votos en masa”. Esta tendencia, que los expertos definen como “ideología líquida”, se ha convertido en un patrón durante su controvertido mandato. Basta con recurrir a la hemeroteca para encontrar versiones del presidente antagónicas, también en materia de corrupción o sobre los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Moisés Castellanos, estratega en comunicación política, lamenta que sus posiciones “siempre sean flexibles”: “Él siempre testea la percepción de un tema para ser él quien tome la decisión política. Y en eso es un experto. Con Bukele nada, absolutamente nada, es al azar”.
Como un espejo, la “flexibilidad” en el discurso ha sido también la norma entre los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Gobierno. Si bien en 2017, la diputada Suecy Callejas pedía en sus redes sociales despenalizar cuatro causales del aborto para “garantizar nuestras libertades y autonomía”, la actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, fue tajante este miércoles: “El aborto no es ni será legal”.
Sus tuits, y los de más de una decena de diputados, no fueron casuales. Este miércoles se llevó a cabo en Costa Rica la audiencia en la la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso Beatriz vs El Salvador. Esta es la primera vez que el máximo órgano judicial de la región investiga explícitamente las consecuencias de la penalización absoluta del aborto que rige en el país desde 1998. En El Salvador, la interrupción voluntaria o no del aborto está penada con hasta 50 años de cárcel. Además, los médicos que ayuden o lo recomienden pueden ser condenados hasta a 12 años de prisión. El presidente, que llamó “fanáticos” a quienes no dejaron abortar a la joven salvadoreña con lupus en 2013, esta vez no se pronunció. Pero sus simpatizantes, fuera y dentro del Gobierno, no tardaron en hacerlo.
“Sin posibilidades de que el aborto se legalice en El Salvador”
“Que quede totalmente claro: mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador”, dijo en Twitter Ernesto Castro, el presidente de la Cámara. Un fallo positivo para Beatriz, implicaría un cambio en la legislación más restrictiva de América. Y esta normativa pasaría ineludiblemente por la Asamblea Legislativa, ampliamente oficialista. Morena Herrera, la feminista que preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, se muestra optimista, a pesar de las declaraciones ultraconservadoras: “El Gobierno tiene claridad de que las sentencias de la Corte IDH son de obligado cumplimiento. Aunque digan que no van a aceptar injerencias de ningún organismo internacional, son un mero discurso coyuntural. Ellos saben que tienen que cumplir”.
Castellanos, sin embargo, se muestra más escéptico. “Aquí ya no existe separación de poderes. No existe ni una sola propuesta gubernamental que vaya en contra del presidente. Lo que le dicen los diputados a Bukele es: ‘Sí, señor presidente. Lo que usted ordene’. Esto, en efecto, lo convierte en el CEO de El Salvador”.
La audiencia en la corte IDH fue un altavoz de la opinión gubernamental frente al derecho al aborto. “Los argumentos de la defensa estuvieron llenos de imprecisiones y usaron mucha información tergiversada y falsa. Lo que dijeron las abogadas es idéntico al argumentario de los grupos antiderechos; permea mucho en la posición oficial”, explica por teléfono Sonia Rubio Padilla, oficial del programa senior de la Fundación para el Debido Proceso. Uno de los dos peritos aportados por las abogadas, el polémico Doctor Rafael Barahona, puede ser de hecho desacreditado como testigo ya que nunca tuvo contacto directo con la víctima, como reconoció tímidamente ante los siete magistrados del sistema interamericano.
La injerencia de los autodenominados grupos “provida” es cada vez más palpable. A finales de 2022, el Ministerio de Educación despidió al director del Instituto Nacional de Formación Docente y anunció una “reestructuración” de la institución, por emitir un programa televisivo de educación a distancia que explicaba el concepto de la orientación sexual. Además, la primera dama ha tomado las riendas de políticas vinculadas con la infancia y la mujer que ignoran cualquier contenido LGTBIQ+ e introduce estructuras con mayor peso gubernamental.
Para Medrano, también periodista experta en derechos humanos, el peso de sectores ultraconservador es “evidente”. “Bukele y su equipo representan un sector ultraderechista donde la mujer no tiene apenas derechos. No se puede entender su política de manera aislada, es de una línea muy trumpista. Y es muy cercano a sectores religiosos católicos”. Y añade: “Ya el gesto de delegar en la primera dama todo lo vinculado a la mujer dice mucho de la relevancia que le da a los derechos de la mitad de la población”.
