Para evitar que eludan sus obligaciones con el Ejército, el Estado podrá prohibirles viajar al extranjero y efectuar transacciones con bienes muebles e inmuebles, restringir los derechos para conducir un vehículo y de obtener un carné de conducir, la imposibilidad de obtener créditos o la suspensión de beneficios y servicios estatales, entre otras.
Asimismo, los hombres en edad de servir en las Fuerzas Armadas que se encuentren en el extranjero solo podrán recibir un pasaporte después de presentar los documentos que prueban que se encuentran en el registro militar.
Por otra parte se propone brindar a los militares que han sido liberados del cautiverio la oportunidad de descansar y recuperarse proporcionándoles una licencia adicional con preservación del apoyo monetario durante 90 días.
También propone el gabinete de ministros que los reclutas que realizaron el servicio militar durante la ley marcial y fueron liberados del servicio de reserva no estén sujetos a un nuevo reclutamiento durante una movilización hasta dos años después.
