El País .- El organismo emitió un comunicado que detalla únicamente que cierran operaciones “a pedido de las autoridades”. Concluye una labor humanitaria que deja en total desprotección a los presos políticos.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este lunes de Nicaragua al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un comunicado emitido por la oficina regional de la organización, se informa que cerraron operaciones “a pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país”.
La expulsión de la CICR ocurre cuando familiares de siete presos políticos denuncian que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el sueño. Además exigían salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de material de lectura. Uno de los presos políticos fue “salvajemente golpeado”, según la denuncia.
El rol del CICR ha sido vital en lo concerniente a los presos políticos de Nicaragua. En 2019, cuando los Ortega-Murillo aprobaron una ley de Amnistía muy cuestionada por organismos de derechos humanos, la CICR se encargó de conciliar con opositores y el Gobierno la lista de 200 reos de conciencia que fueron excarcelados en ese proceso. Mientras que en el año 2021, ante las repetidas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos que los presos políticos sufrían en la temida prisión de El Chipote, el organismo solicitó una visita para comprobar el estado de los opositores que en febrero de 2023 fueron desterrados en Estados Unidos. Sin embargo, la visita nunca concedida por el régimen sandinista.
“El CICR recibió en 2018 la autorización de las autoridades de Nicaragua para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios. En enero de 2019 el CICR estableció una Misión permanente en Managua, y en marzo de ese mismo año el CICR y el Gobierno de Nicaragua formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”, contextualiza el comunicado de la Cruz Roja sin dar mayores detalles de su expulsión.
Una relación que pendía de unos pocos hilos
No obstante, la relación con los Ortega-Murillo ya pendía de unos pocos hilos. En marzo de 2022, el régimen expulsó a Thomas Ess, jefe de misión del CICR. En esa ocasión la oficina de la CICR dijo desconocer las razones del oficialismo para retirar el beneplácito de su jefe de misión. “Nos ha tomado por sorpresa”, aseguraron.
El trabajo del CICR en Nicaragua se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: “Apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos”.
Una labor que ya había sido golpeada en mayo pasado, cuando el Gobierno canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó sus bienes, los cuales fueron otorgados al Ministerio de Salud (Minsa) y renombrados como “Cruz Blanca de Nicaragua”.
Presos políticos en total desprotección
Aunque en el comunicado emitido este 18 de diciembre el CICR “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, defensores de derechos humanos externaron su preocupación al perder el único resquicio institucional que quedaba en Nicaragua para abogar y velar por los más de 90 presos políticos que los Ortega-Murillo mantienen en sus prisiones estas navidades. Un número que ha venido aumentando cada semana —en un efecto llamado “puerta giratoria”— bajo un régimen totalitario que apresa sacerdotes y hasta catedráticos, como Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua).
El sociólogo Quezada, de 65 años, fue secuestrado por civiles el miércoles 29 de noviembre, luego de criticar en redes sociales a la pareja presidencial. El catedrático después fue trasladado a la cárcel La Modelo.
“Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. A través de la acción directa y de un diálogo bilateral y confidencial con autoridades, personas afectadas por consecuencias humanitarias, y otros interlocutores clave, el CICR trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana”, agregó el organismo en su comunicado de cierre.
