El río Caoní, que atraviesa San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito requiere de voluntad institucional para actuar de inmediato en su rescate.
El caudal del río Caoní enfrenta una amenaza que avanza más rápido que la capacidad ministerial para contenerla: el crecimiento descontrolado de urbanizaciones vacacionales, la deforestación y la falta de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales.
Persiste una falta de acciones concretas desde lo institucional en todos los niveles. Frente a ese panorama, la iniciativa Salvemos el Caoní, nacida en 2023 por impulso de empresarias de la zona, ha logrado convertir la preocupación ciudadana en evidencia científica.
Con el respaldo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), se establecieron nueve puntos de monitoreo a lo largo del río Caoní, se analizaron 40 parámetros físico-químicos y se identificaron los tramos más afectados por la contaminación.
La intervención del Estado es indispensable
El Caoní no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni cuenta con ningún mecanismo oficial de conservación, pese a estar en la zona de transición de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, declarada por la Unesco en 2018.
Los estudios ya existen y revelan lo que está ocurriendo con el río Caoní y a partir de esos datos hay un camino que se puede seguir para tomar acciones de conservación.
La comunidad conocedora de esta problemática indica que los municipios de los tres cantones y el Ministerio del Ambiente conviertan su rescate en política pública: ordenanzas de conservación, control efectivo sobre las lotizaciones y una inversión real en plantas de tratamiento.
La comunidad ha hecho su parte, y la ha hecho bien. Ahora corresponde a las autoridades locales, seccionales y nacionales acompañar ese esfuerzo con decisiones concretas, es decir, institucionalizar ese apoyo como piden los ciudadanos del colectivo Salvemos el Caoní.
